Un cuartillo de aceite

El 1.º de mayo estaremos presenciando la juramentación de una nueva Asamblea Legislativa.
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 Posiblemente la elección nominal que se ha logrado después de que el Tribunal Supremo Electoral dio los resultados finales de la elección legislativa recién pasada no sea lo más determinante de lo que el pueblo salvadoreño ha logrado con ese proceso eleccionario.

El país necesita gobernabilidad, y eso es lo que se pone en riesgo con los resultados de la Asamblea legislativa. Para todos es bueno recordar que las gremiales de la empresa privada han denunciado con insistencia la necesidad de mayor gobernabilidad de parte del Ejecutivo; sin embargo, es bueno también insistir que la gobernabilidad se gestiona desde la Asamblea Legislativa.

Hoy más que nunca la gobernabilidad se hace desde los controles legislativos para facilitar que un país subdesarrollado como El Salvador gestione ingresos económicos de los organismos que hacen posible tener los fondos para construir obras de mayor productividad.

De no lograr obtener los recursos económicos vía organismos multilaterales sería necesario iniciar en la misma Asamblea Legislativa una reforma fiscal que permitiera al Ejecutivo tener los fondos de inversión para el progreso económico y social que tanto necesita el país.

Estos son temas de gobernabilidad, son temas que van más allá de la simple agrupación numérica de diputados afines a intereses de derecha o de izquierda; se necesita una configuración parlamentaria que no se monopolice desde intereses particulares, es El Salvador quien debe estar representado en la nueva Asamblea Legislativa.

Sin embargo, con una configuración plegada hacia intereses de grupo partidario, ¿cuál es la perspectiva nacional? Sin dudas se encendería una alerta internacional de crisis en la gobernanza, se buscaría restringir desde la Asamblea Legislativa las gestiones del Ejecutivo y atar las inversiones desde las instancias de gestión autónoma, no importando que los miembros de las juntas directivas de las instituciones autónomas provengan de la misma empresa privada.

Pronto se debe iniciar el cabildeo de la elección de los funcionarios de segundo grado; la del nuevo fiscal general de la República y los magistrados de la Corte Suprema de la república dependen de la integración de los miembros de la Asamblea Legislativa; todos los funcionarios que su periodo de gestión vence en los meses próximos requieren altas dotes de gestión y negociación del poder legislativo.

Y qué no decir de las leyes que ponderen el bien común, sin que se sometan a entrampamientos político-partidarios o que se negocien con altos costos para las finanzas del país, a través de negociaciones de premios especiales por votación “espontánea”.

Es importante que se pondere el valor que se le ha dado al voto partidario para determinar cómo se configura la nueva Asamblea; el pensamiento acerca de una asamblea Legislativa cerrada a los intereses nacionales ha empezado a correr.

Pensar en que las medidas para legislar las finanzas públicas van a penar sin respuesta positiva para armonizar la forma más sana para hacer llegar los ingresos suficientes al papá Estado nos permite comprender que el oxígeno para legislar se ha terminado. Pensar que los arreglos partidarios crean un solo bloque de 42 parlamentarios contra otro bloque de 42 dice poco acerca de la posibilidad de tener un El Salvador gobernable por pensadores parlamentarios de altura.

Ningún Poder Ejecutivo es capaz de gobernar las finanzas públicas, crear beneficios para sus gobernados, invertir en obras que posibiliten la productividad, ni facilitar la creación de mayores inversiones, o facilitar la creación de mayores oportunidades de empleo, con una Asamblea Legislativa que se oponga a sus planes y proyectos.

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