Un llamado a superar la confrontación socio-política que se hace en un momento decisivo para asegurar la buena marcha del proceso nacional.

La política, en términos amplios, debe ponerse inequívocamente al servicio de la ley y del bien común; y, en tal sentido, las diversas fuerzas políticas tienen la responsabilidad inequívoca e insoslayable de servirle de base al progreso, por encima de sus propios intereses y de sus propias obsesiones.
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En la lamentable y muy sentida coyuntura del deceso del ex Presidente Francisco Flores, que fue el primer ex Presidente enjuiciado por presuntos delitos derivados del uso de un donativo de Taiwán durante su gestión presidencial, el ex Presidente Alfredo Cristiani, quien fue el principal gestor del Acuerdo de Paz que se firmó el 16 de enero de 1992, ha hecho un llamamiento público a la reflexión sobre la situación desbordadamente confrontativa que se vive en el ámbito socio-político. En forma concreta dice el ex Presidente en su comunicado: “Debemos hacer el esfuerzo de aprender a administrar nuestras diferencias, por muy fuertes que sean, sin recurrir a la violencia y a la crueldad”.

Desde luego, la administración de las diferencias es fundamental dentro de lo que constituye una democracia bien entendida y bien ejercida. Toda sociedad es plural, y, por consiguiente, hay siempre conceptos, percepciones y proyecciones diferentes, lo cual no implica un problema es sí, porque es parte de la naturaleza del ser comunitario: los problemas surgen cuando las diferencias se vuelven choques constantes, como si el vivir cotidiano fuera una permanente batalla entre enemigos. El ex Presidente Cristiani manifiesta al respecto: “Cuando en 1992 firmamos la paz, lo hicimos con el compromiso de administrar nuestras diferencias de manera democrática y civilizada, sin atentar contra la vida”.

Y específicamente en lo relacionado con el caso Flores, que ha despertado tanta controversia en el ambiente, sobre todo por los indicios de utilización política del mismo para fines de venganza y destrucción, el comunicado de Cristiani apunta en forma razonada: “Ningún ser humano, independientemente de los errores que pueda cometer, debe ser destruido en su humanidad. Si es culpable, debe responder ante la ley y merece un juicio justo. Si no es culpable y esto se demuestra ante la ley, merece ser tratado como inocente. En ambos casos merece respeto”.

La sana administración de las diferencia es, ahora mismo, una exigencia contundente de la misma realidad que vivimos los salvadoreños en carne propia. Esto debe ir acompañado de un saneamiento institucional que haga posible que la ciudadanía en general, con independencia de sus orígenes, condiciones y afiliaciones, pueda sentirse arropada de veras por las estructuras de la institucionalidad, muy específicamente aquellas que corresponden al sistema de justicia, que es el encargado de salvaguardar la vigencia real del Estado de Derecho.

La política, en términos amplios, debe ponerse inequívocamente al servicio de la ley y del bien común; y, en tal sentido, las diversas fuerzas políticas tienen la responsabilidad inequívoca e insoslayable de servirle de base al progreso, por encima de sus propios intereses y de sus propias convicciones. No es momento para fanatismos ni para revanchas: lo que hay que promover, en forma compartida y responsable, es el buen desempeño de nuestra democracia, que, como reiteramos con énfasis, no es un campo de batalla para la destrucción mutua sino un escenario para el avance evolutivo del país en su conjunto.

Hay que salir de la trampa de las descalificaciones constantes para entrar en el dinamismo de la sana gestión de las posiciones diferentes y aun enfrentadas. Y el hecho de que la realidad lo esté urgiendo cada vez con mayor apremio es un signo de que se puede y se debe hacer reciclaje de actitudes.

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