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¿Un pacto fiscal y un acuerdo con el FMI?

El Gobierno y su partido lo están comenzando a entender, tarde pero todavía a tiempo.
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¿Un pacto fiscal y un acuerdo con el FMI?

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Considerando solo al primer gobierno conducido por el FMLN, con más de dos años de retraso se lograría -ojalá- el pacto fiscal y el acuerdo con el FMI después de la declaración del presidente el sábado pasado: “La deuda del país ronda el 63 %, esto es una amenaza que tenemos que resolver, llamo a todos los sectores a que trabajemos por un acuerdo que nos permita un ajuste fiscal...” Pero el acuerdo iría mucho más allá, incidiendo en el Gobierno, el FMLN, la oposición y, aún más, en el pueblo.

Cuando los principales dirigentes del FMLN terminaron de descubrir lo obvio, respaldaron la iniciativa del presidente sobre la que muchos insistimos desde antes de la toma de posesión. Esta autoevidencia significa que los costos políticos en las próximas elecciones legislativas y municipales (2018) y presidenciales (2019) serían peores si el Gobierno cae progresiva y acumulativamente en la iliquidez, en el cese de pago de las obligaciones financieras nacionales e internacionales y en la profundización del ajuste desordenado que ya dio inicio, afectando cada vez más al pueblo al aumentar los impuestos, recortar los gastos y subsidios, y eventualmente llevar a muchas empresas a la quiebra y al desempleo a los trabajadores.

Como asesor en los ministerios de Planificación y de Cooperación Externa en los primeros y últimos años de la revolución sandinista en los ochenta, y como estudioso décadas después de la “revolución bolivariana” en Venezuela donde viví tres años, reconfirmé que los grandes desequilibrios macroeconómicos y el bajo crecimiento hacen inevitable el ajuste que se vuelve tan grande y radical como el tamaño de la deuda y del hoyo fiscal-financiero, de la postración de la economía y del tiempo que tome entenderlo actuando en consecuencia. Y la vida nos enseña que gobiernos, partidos políticos, sectores y personas diversas no siempre actuamos en función de nuestros intereses, aunque estemos convencidos de hacerlo. Particularmente en temas complejos, cuando se adolece del conocimiento y buen juicio para diferenciar entre los buenos y los malos consejos, tomar las mejores decisiones y hacerlo a tiempo. El Gobierno y su partido lo están comenzando a entender, tarde pero todavía a tiempo.

Pero la responsabilidad sobre el deterioro fiscal y el bajo crecimiento se originan en dos décadas de gobiernos de ARENA, y se profundizan en los del FMLN que no impulsaron la reforma fiscal integral procrecimiento y protección de los más pobres, el cierre de la evasión y elusión fiscal, la reforma integral de pensiones y una estrategia de crecimiento sostenido.

La negociación del Gobierno con ARENA incluirá la Ley de Responsabilidad Fiscal y el financiamiento de $1,782 millones ($1,212 millones del pago de LETES y otras obligaciones contratando deuda de eurobonos, y $570 millones de ocho nuevos préstamos), y presupuestos sin grasa hasta 2019. Pero también incluiría la negociación del procurador de Derechos Humanos, de tres magistrados de la Corte de Cuentas, de tres magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia y de siete magistrados del Consejo Nacional de la Judicatura que propondrá 15 candidatos para elegir a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (2018). También debería incluir acuerdos sobre la deuda y las finanzas municipales, sobre la modernización de la hacienda pública, sobre la reforma fiscal integral y la reforma de pensiones.

Frente al primer desembolso retenido de proyectos en ejecución y a probables rechazos de aprobaciones de financiamientos para nuevos proyectos en organismos financieros multilaterales por la deteriorada situación fiscal, un acuerdo “stand by” con el FMI se volverá cada día más impostergable.

Proponemos tres criterios que deberían estar presentes en la negociación para un eventual pacto fiscal y acuerdo con el FMI: incluir todos los temas relevantes que afecten las finanzas públicas; proteger a los más pobres y vulnerables; y evitar un ajuste recesivo que afecte la inversión y el crecimiento del que dependen, en gran parte, la sostenibilidad de la deuda y de las finanzas públicas.

Se trataría, efectivamente, de acuerdos con ARENA y el FMI, en el mejor interés del país, del Gobierno y del mismo FMLN.

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