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Un pacto por el conocimiento, las personas, la paz y el ambiente

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Rodolfo Solano Quirós - Canciller de Costa Rica

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En el marco del bicentenario de la independencia de Costa Rica hemos promovido cuatro pilares fundamentales: la Costa Rica histórica, la Costa Rica pacífica y solidaria, la Costa Rica capaz y la Costa Rica descarbonizada. Cuatro columnas que, en gran medida, deben ser el cimiento de nuestro tercer siglo de vida independiente.

Tenemos ante nosotros otro bicentenario, a nuestro juicio no menos importante: el de la emisión y firma, el 1º de diciembre de 1821 por la Junta de Legados de los Pueblos, del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, la primera ley fundamental que se dieron los costarricenses, mediante una asamblea de elección popular en la que estuvieron representadas todas las poblaciones.

De cara a los cuatro pilares definidos para la celebración del bicentenario, es interesante destacar que ya tres de ellos aparecen reflejados, de un modo u otro, en este documento que, desde la época de su promulgación, se conoció con el nombre de Pacto de Concordia.

Este pacto tuvo una trascendencia singular, porque con base en él, en enero de 1822, a tres meses de la llegada a Cartago de la noticia de la independencia proclamada en Guatemala y en León de Nicaragua, Costa Rica tuvo ya un gobierno constitucional libremente elegido por la ciudadanía. El caso fue muy singular para su tiempo y su medio, porque si bien ya se habían ensayado mecanismos democráticos desde 1812 con la Constitución de Cádiz, los costarricenses fueron los únicos centroamericanos de entonces que pensaron no solamente en independizarse de España y establecer juntas provisionales de gobierno, sino además en darse enseguida una ley fundamental propia, en la que se fijaran reglas claras para la elección y la actuación de las autoridades. Fue pues el punto de partida de la historia jurídica y política de Costa Rica como comunidad independiente y democrática, y marcó un rumbo que, a pesar de muchos altibajos, se ha mantenido firme hasta el presente: Costa Rica sigue fiel a su vocación democrática e institucional, a su decisión de vivir en paz y en libertad. Lo confirmaremos una vez más en febrero de 2022, con nuevas elecciones generales multipartidistas y en la más absoluta libertad civil y política.

Al hablar de la Costa Rica capaz, se hace referencia a la idea de proyectar el futuro a través de nuestras capacidades y talento humano; de celebrar los saberes, los conocimientos y las inteligencias múltiples del país. En la Costa Rica de 1821 la educación era todavía rudimentaria. Pero esa sociedad de agricultores, ganaderos, comerciantes, entre otros, supo elegir preclaras figuras para formar la Junta de Legados, y esos representantes, algunos de los cuales posiblemente ni siquiera conocían el lenguaje técnico jurídico adecuado, dieron lo mejor de su inteligencia y de su sentido común para dotar a Costa Rica de un estatuto fundamental que garantizara la libertad y la paz, y que a la vez fuera adecuado a sus posibilidades y a sus realidades. La visión política de aquellos próceres, encarnada en el Pacto, fue indiscutiblemente novedosa y a la vez brillante.

El tercer pilar nos remite a la idea de una Costa Rica pacífica, sana y solidaria. El Pacto quiso ser, y fue, el nudo de concordia de la sociedad costarricense para impedir que se fragmentara en localismos y fanatismos. La idea de los derechos de las personas –no solamente habló de los varones– se reflejó breve pero espléndidamente en su artículo 2º, según el cual Costa Rica "reconoce y respeta la libertad civil, propiedad y demás derechos naturales y legítimos de toda persona y de cualesquiera pueblo o nación". Si prestamos atención al final de este artículo, podemos ver que los legados de 1821 no pensaron solo en los derechos de los costarricenses, sino también en los de otros pueblos; en el lenguaje de nuestros días, podemos decir que estuvieron conscientes del carácter universal de los derechos humanos.

El cuarto pilar, la Costa Rica descarbonizada, no aparece esbozado en el Pacto, pero sí es posible trazar sus cimientos a los inicios del siglo XIX, en fecha muy cercana a nuestra Independencia, cuando por medio del decreto nº 161 de la Asamblea de 1828 se encargó a las municipalidades el deber de velar "...por la conservación y repoblación de los montes y plantíos del común". Desde entonces, Costa Rica se ha dedicado a construir una verdadera arquitectura y cultura de protección ambiental, que es parte integral de nuestro modelo de desarrollo. Hemos sido previsores, innovadores y visionarios al tomar medidas que han contribuido a revertir la pérdida de bosques, mitigar el cambio climático y preservar la biodiversidad. El Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 refleja nuestro compromiso con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y es consecuente con lo establecido en el Artículo 4 del Acuerdo de París. Nos convertimos así en uno de los primeros países en desarrollo en establecer una hoja de ruta de largo plazo; una hoja de ruta coherente con la meta de mantener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de 1.5 °C y que nos conduce a cumplir el objetivo final de ser un país carbono neutral a 2050 y carbono negativo a 2100. La ruta de nuestro país hacia una economía verde puede trazarse hasta hace dos siglos y es prueba fehaciente de que nuestro firme compromiso por el ambiente es innato al ser costarricense desde que dimos nuestros primeros pasos como nación.

Asimismo, el 1º de diciembre de 1948, Costa Rica anunció al mundo su decisión unilateral de abolir el ejército y no recurrir jamás a la agresión, proscripción que fue consagrada en 1949 en la actual Constitución de Costa Rica. De esta manera se confirmó de modo definitivo e irreversible la vocación civilista, democrática e institucional trazada desde el 1º de diciembre de 1821 en el Pacto de Concordia, a cuyo espíritu, madurado y enriquecido, seguimos siendo inquebrantablemente fieles.

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