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Un paso importante hacia la consolidación fiscal

El consenso político alcanzado con la reforma de las pensiones es el mejor escenario para lograr nuevos acuerdos que permitan realizar un ajuste y, en consecuencia, proteger a las poblaciones más vulnerables y fomentar el desarrollo del país. Pues de esta forma se evita que la crisis fiscal se traduzca en una crisis económica que podría llevar a una reducción del empleo y del poder adquisitivo de los trabajadores que afectaría a los más pobres.
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Seynabou Sakho es directora del Banco Mundial para CentroaméricaEl Salvador dio la semana pasada un paso importante al aprobar la reforma al sistema de pensiones vigente. Desde el Banco Mundial vemos como positiva esta aprobación, si bien somos conscientes de que algunas medidas (como las referentes a la edad de jubilación o las contribuciones al sistema) podrían haber sido más ambiciosas al establecerse techos más elevados. Pues la reforma al sistema de las pensiones es un elemento vital de la consolidación fiscal del país, ya que su déficit representa casi el 50 % del déficit fiscal del sector público. 

Más allá del aspecto económico, la aprobación por unanimidad de esta reforma ha demostrado la voluntad de los diferentes partidos políticos de encontrar una solución a dicha problemática. Los esfuerzos por dialogar y llegar a consensos son de vital importancia en un país con una elevada polarización política. En este sentido, reconocemos y aplaudimos los acuerdos alcanzados por los diferentes actores.

A corto plazo, la aprobación de la reforma de pensiones le da un alivio financiero al Gobierno y permite que pueda cumplir con un pago de unos $91 millones en servicio de deuda de Certificados de Inversión Previsional (CIP), que estaba próximo a vencer y que hubiera disminuido la confianza en el país. Si bien esta es una noticia positiva, consideramos que el diálogo iniciado debe continuar para que se puedan aprobar otras medidas que permitan un ajuste fiscal más ambicioso. Dicho de otra forma, que asegure la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo.

Como hemos señalado, la situación fiscal de El Salvador es preocupante. Por una parte, porque para finales de este año se espera que la deuda pública alcance el 62.9 % del PIB, casi 3 puntos porcentuales más elevada que en 2015 y bastante por encima del 50 % del PIB, un nivel a partir del cual en el Banco Mundial consideramos que los países en desarrollo deben prestar atención. 

Por otra parte, porque el déficit fiscal se encuentra actualmente en torno al 2.8 % del PIB. Esto, con las tasas de crecimiento económico del país —de aproximadamente el 2 %— conlleva incrementos adicionales de la deuda que, en caso de no corregirse, podría derivar en una situación insostenible que comprometa el futuro del país.

Al mismo tiempo, debemos plantearnos si El Salvador está destinando al pago de la deuda recursos que podría invertir en servicios sociales y desarrollo. En este sentido, se estima que en 2019 el servicio de deuda (interés más amortización) llegará a $2,295 millones, o el 7.5 % del PIB, según establecido por el FMI en el Artículo IV. Esta es una cifra muy significativa si la comparamos con el gasto público en educación y salud de 2016 (que es de 3.5 % y 2.3 % del PIB respectivamente).

Dicho de otra forma, existe el riesgo de que el servicio de deuda esté limitando la capacidad del país de invertir en sectores críticos para el crecimiento económico y que esto, a su vez, contribuya al incremento de la deuda, con lo cual se generaría un círculo vicioso.

El consenso político alcanzado con la reforma de las pensiones es el mejor escenario para lograr nuevos acuerdos que permitan realizar un ajuste y, en consecuencia, proteger a las poblaciones más vulnerables y fomentar el desarrollo del país. Pues de esta forma se evita que la crisis fiscal se traduzca en una crisis económica que podría llevar a una reducción del empleo y del poder adquisitivo de los trabajadores que afectaría a los más pobres.

En el Banco Mundial aconsejamos que el ajuste fiscal global sea de alrededor del 3 % del PIB en tres años, tal y como lo propuso el FMI en julio del año pasado. Esta reducción puede lograrse por la vía de los ingresos (incrementando la recaudación fiscal a través de reformas impositivas), por la vía del gasto (mediante una serie de reducciones en las partidas corrientes, de capital y transferencias) o con una combinación de ambas medidas.

En esto, El Salvador puede tomar la experiencia de otros países, como Chile, que en 2014 implementó una reforma fiscal para generar ingresos adicionales de 3 puntos porcentuales del PIB. Otro ejemplo es Honduras donde el ajuste llevado a cabo entre 2014 y 2016 permitió la reducción del déficit fiscal en 6.6 puntos porcentuales.

En el Banco Mundial estamos convencidos de que el diálogo iniciado será crucial en otras áreas, como la aprobación del presupuesto para el próximo año, que reflejen el compromiso de los diferentes actores con el país. Por nuestro lado, vamos a continuar apoyando a El Salvador para que la situación fiscal regrese, nuevamente, a una senda sostenible y así podamos contribuir a garantizar un mejor futuro para toda la población salvadoreña.

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