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Un poder erigiéndose

<p>Durante décadas, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, pese al mandato constitucional, fue una institución sometida al poder político de las dictaduras militares. La Comisión de la Verdad, que investigó las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período de guerra, señaló que uno de los poderes del Estado que participó en esas violaciones era el Poder Judicial, por medio de sus representantes de turno.</p>
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<p>Con la firma de los Acuerdos de Paz, en la que participó el FMLN, entramos a un proceso de transformación del Órgano Judicial: le fue asignado un presupuesto que le permite contar con los recursos materiales y humanos que tan alta investidura requiere; fueron realizadas reformas constitucionales que garantizan la independencia y el fortalecimiento del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y la forma de elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia a fin de que estos provinieran de un listado propuesto por los gremios de abogados y el propio CNJ, en el que estuvieran representadas las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico.</p><p>&nbsp;</p><p>La elección de candidatos a magistrados de 1994 fue la primera de este tipo. Recuerdo que la frase de consigna utilizada en campaña fue “Tiranía o libertad”, haciendo referencia a los magistrados de la Corte saliente y a los candidatos que nuestra asociación de abogados impulsaba en esa época, todos ellos hombres valientes, no genuflexos al poder de turno. Felizmente, fueron electos distinguidos abogados como el doctor José Domingo Méndez, quien fue el primer presidente de la CSJ de la posguerra. A partir de entonces, la sucesivas Cortes fueron perdiendo poco a poco independencia del poder político, particularmente la del período 2000 a 2009 fue la que más produjo daños a la independencia del Órgano Judicial.</p><p>&nbsp;</p><p>La llegada de la generación de magistrados de 2009 abrió un nuevo capítulo en la historia de nuestra República; ha despertado esperanzas y ha devuelto la confianza pública en el tribunal. Eso es bueno para los ciudadanos y bueno para el país. La lucha por destruir la actual Sala de lo Constitucional de la CSJ y separar a su presidente de la misma no es solo una vendetta política de la Asamblea Legislativa por los fallos que aquella ha dictado, sino es algo que va más allá, es la lucha para evitar que se erija un “nuevo poder”, es decir, evitar que el Órgano Judicial se convierta en lo que nuestras constituciones, por casi doscientos años, han dicho que debe ser. Quien tiene el poder de controlar los actos políticos y jurídicos de una nación, en nombre de la Constitución determinando su conformidad con la misma, tiene inmenso poder, por encima de los diputados, del presidente de la República, y toda persona de una sociedad, dentro de su competencia, al igual que la Asamblea Legislativa y el presidente de la República la tienen para la determinación del contenido de tales actos políticos y jurídicos. La Sala de lo Constitucional de la CSJ tiene ese poder y la capacidad y valentía de ejercerlo. Eso es precisamente lo que está en juego, eso es lo que le temen los diputados y políticos que se han sumado a neutralizarla.</p><p>&nbsp;</p><p>Los ciudadanos en las actuales circunstancias debemos reflexionar: ¿Queremos seguir sometidos al poder de un grupo de políticos acostumbrados a imponernos sus voluntades o luchamos por la defensa de la norma primaria que es la Constitución? ¿Por cuál te decides?</p><p>&nbsp;</p>

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