Un voto por ciudadano: sí, pero por cargo

El derecho del sufragio puede ser activo o pasivo; el primero constituye el derecho a elegir funcionarios mediante la emisión del voto; y el segundo, el derecho a ser electo. Nuestra Constitución señala como derechos políticos del ciudadano “ejercer el sufragio” y “optar a cargos públicos”, que sí es por elección directa, por medio del voto de los ciudadanos. Emitir el voto y ser electo por el voto ciudadano constituyen el ejercicio del derecho al sufragio. Ese derecho solo pueden ejercerlo, como votantes o candidatos a cargos públicos de elecciones, personas naturales con ciudadanía salvadoreña.
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En las elecciones de diputados, anteriores a 2012, marcábamos las banderas de los partidos políticos, que habían presentado al Tribunal Supremo Electoral listas de candidatos a diputados, cuyos nombres no aparecían en las papeletas de votación; votábamos por desconocidos para representantes del pueblo en el Órgano Legislativo, dando un voto indirecto por las planillas de candidatos propuestos por los partidos (intermediarios), pues ni siquiera identificábamos a los candidatos de dichas listas cerradas y bloqueadas.

El régimen transitorio electoral de 2012, generado por sentencia de la Sala de lo Constitucional, Inc. 61-2009, de 7-2010, mantuvo el sistema, pero impuso la identificación de los candidatos en las papeletas de votación; y sirvió: para que la suma de los votos a favor de los candidatos se estimara votos para cada partido y con base en el cociente electoral se les asignaran curules; y por la preferencia de los votantes, según sus votos, se declararan electos en esas curules a los candidatos de cada partido. Estableciendo así el sistema de listas cerradas y desbloqueadas, con candidatos conocidos por el votante, pudiendo emitir un voto por cada uno o múltiple por candidatos a diputados propietarios de una lista.

El año pasado, la Sala declaró inconstitucional la prohibición de emitir voto cruzado, estableciendo: “El carácter libre del voto... significa que es titular de una facultad irrestricta que le permite elegir a cualquiera de los candidatos a diputados que aparezcan en la papeleta de votación, y que no deben existir prohibiciones que impidan al ciudadano votar por candidatos de distintos partidos políticos, distintos candidatos no partidarios o candidatos de partidos políticos y, al mismo tiempo, candidatos no partidarios...”; reconociendo al votante el derecho de votar directamente por cada uno de los candidatos que desee.

Con posterioridad, también ese año, la Sala declaró constitucional el art. 217 b) (y otras disposiciones) del Código Electoral, expresando que tal disposición “establece un trato igualitario en la aplicación del cociente electoral para los candidatos postulados por los partidos políticos o coaliciones y para los candidatos no partidarios, ya que dichos candidatos deberán constituir planillas o listas...”; estableciendo que el TSE debe garantizar: i) que el sistema proporcional se aplique por igual a unos y otros candidatos; ii) “que ambos estén incorporados en listas para competir en igualdad de oportunidades y condiciones”; y iii) que “el conteo de votos y asignación de escaños sea igual para todos –partidarios y no partidarios”.

Conclusión. El nuevo sistema combina un voto múltiple por planilla, representativo de un voto (no una fracción, no una marca), por cada candidato a cada cargo, de una de las listas elaboradas por los partidos políticos, con el de votación abierta por candidatos, un voto por cada cargo, de cualesquiera listas de partidos y grupo independientes; totalizando para cada grupo los votos a favor de los candidatos del mismo para determinar el número de curules ganadas por partido o independientes, de acuerdo con el cociente electoral, pero los votos son para los candidatos y el número de votos dentro de su grupo, ordenado de mayor a menor, determinará los electos.

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