Una Ley de Probidad fallida e inconstitucional

El 16 de diciembre del año pasado debe ser recordado como el día en que la Asamblea Legislativa
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El 16 de diciembre del año pasado debe ser recordado como el día en que la Asamblea Legislativa concretó un atentado contra los esfuerzos encaminados a fortalecer la lucha contra la corrupción en El Salvador, al aprobarse la nueva Ley de Probidad, la cual además de contener vicios de inconstitucionalidad, constituye un retroceso con respecto a la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP) de 1959, que terminó siendo derogada. Lo que se necesitaba era una ley con herramientas eficaces para controlar la corrupción, pero se obtuvo lo contrario y ahora estamos en una situación peor.

Resulta irónico que dicha aprobación se dio justo cuando distintas entidades concluían actividades académicas organizadas en ocasión del Día Internacional contra la Corrupción, en donde se reflexionaba sobre la importancia de fortalecer la institucionalidad para promover la transparencia y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la Asamblea Legislativa vino a hacer todo lo contrario, al aprobar una Ley de Probidad fallida e inconstitucional. Dicho riesgo siempre estuvo latente, pues desde hace varios meses el Equipo Gestor de la Ley de Probidad Pública estuvo advirtiendo que el proyecto que se apoyaba en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales no cumplía con las expectativas, que era muy débil y que pretendía minimizar el trabajo que debe realizar la Sección de Probidad.

La Ley de Probidad que fue aprobada constituye una grave violación a la Constitución, pues la Asamblea Legislativa eliminó por completo el juicio de naturaleza civil por enriquecimiento ilícito que actualmente se sigue ante la Cámara de lo Civil, el cual tiene base en el artículo 240 de la Constitución. La intención me parece clara y es frenar el trabajo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia a través de la Sección de Probidad y de Corte Plena, trabajo por el cual ya se han iniciado los dos primeros juicios civiles por enriquecimiento ilícito en los 56 años de vigencia que tuvo la LEIFEP.

La reacción de importantes sectores de la sociedad civil fue inmediata y enérgica, pidiéndole al presidente de la República que vetara la Ley de Probidad por ser inconstitucional, puesto que dicha atribución tiene como base, entre otros aspectos, la obligación concerniente a velar porque no se aprueben normas que violenten la Constitución. Sin embargo, en contra del clamor social, el presidente de la República con una gran celeridad sancionó y mandó a publicar en el Diario Oficial del 23 de diciembre pasado la Ley de Probidad. Se perdió la oportunidad de enviar un mensaje claro a la población de que existe un interés real, más allá de los discursos por combatir la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Lo que se envía es el mensaje de que no existe dicho interés.

La Ley de Probidad, además de la inconstitucionalidad antes señalada, también tiene una serie de deficiencias, tales como: trasladar a la Sala de lo Civil, sin ninguna razón o fundamento, la facultad que tenía Corte Plena de imponer sanciones administrativas; eliminar la sanción de la destitución en el cargo y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo cual es un retroceso, y no incorporar la declaración de conflictos de interés ni incluir como sujetos obligados a los exfuncionarios, que proponía el proyecto del Equipo Gestor.

Tal como sucedió con la Ley de Acceso a la Información Pública cuando se aprobó su reglamento, el cual violaba claramente la Constitución, no queda otra vía que interponer recursos de inconstitucionalidad para impugnar la Ley de Probidad. La siguiente tarea será rehacerla para tener una normativa adecuada.

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