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Una Secretaría con pasador

Cuando el presidente Sánchez Cerén asumió su cargo, ocupamos este espacio para hacer algunas reflexiones sobre su primera intervención como mandatario. Dijimos que las señales iniciales, si bien no podían calificarse como definitivas, siempre debían ser tomadas en cuenta.
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Conscientes del alcance que se le puede dar a un discurso presidencial, hicimos ver el avance que significaba que este se hubiera realizado desprovisto de confrontaciones estériles y que, durante el mismo, se hubiera hecho una clara exhortación al esfuerzo y crecimiento conjunto; ese llamado, dijimos, no caería en saco roto.

Durante su toma de posesión, el presidente también dijo que en este esfuerzo conjunto quería una ciudadanía activa, que hiciera contraloría social y que exigiera principios éticos a sus funcionarios. Honradez, austeridad, eficiencia y transparencia se prometió entonces.

Como reacción a esa primera intervención, expresamos aceptar el ofrecimiento, pero también manifestamos que exigiríamos su cumplimiento. Hacemos esto último ahora.

Concretamente, exigimos que los más de dos millones de dólares que del presupuesto se destinan anualmente para la denominada “Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción” sean utilizados de verdad para cumplir con las funciones que han sido delegadas a esa dependencia del Órgano Ejecutivo.

Lo que está ocurriendo con esa Secretaría es aún más grave que lo que está ocurriendo con el Tribunal de Ética Gubernamental. En el caso de este último y tal como lo menciona uno de nuestros miembros, esa institución podría desaparecer y nadie se daría cuenta.

Pero en el caso de la institución a la que ahora nos referimos, no es que no se esté haciendo nada, sino que se está haciendo todo lo contrario a los propósitos para los que fue creada.

Se supone que está bajo su responsabilidad, mando y organización, la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Presidencia de la República, pero resulta que su titular manifiesta desconocer información básica que debería ser revelada y que no se revela porque a todas luces resulta incómoda.

Se supone que esa Secretaría está a cargo de fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación ciudadana, así como de instituir los mecanismos y procedimientos de transparencia en la gestión del gobierno central, coordinando la deliberación pública con las diferentes instituciones autónomas del gobierno y la sociedad, pero en la práctica se ha convertido en la principal defensora de serias irregularidades en la utilización de fondos públicos y de la utilización abusiva de los bienes estatales.

La actuación que ha tenido esa Secretaría en asuntos relacionados con el acceso a información sobre los viajes del presidente de la República, con los excesos en algunas instituciones autónomas y hasta con el posible cometimiento de delitos por parte de funcionarios de Casa Presidencial, dista mucho de la actuación que se esperaría de una dependencia creada para liderar la rendición de cuentas y luchar contra la corrupción.

Exigimos que se abandone la más que trillada excusa de que antes no existía acceso a la información y que ahora debemos conformarnos con pequeñas muestras. Es cierto que los avances no pueden darse de la noche a la mañana y que la transparencia en la gestión pública implica un recambio cultural de funcionarios y ciudadanos que no va a ocurrir de manera inmediata; tampoco exigimos milagros.

Pero precisamente es esa Secretaría la que debe dar irrefutables muestras de su compromiso con la transparencia, con la probidad, la rendición de cuentas y la participación real de la ciudadanía. Y no lo está haciendo; han abierto la puerta pero con la mano en el pasador.

Si de verdad se quiere cumplir con lo prometido, la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción debe dejar de ser defensor, cómplice o encubridor de los malos funcionarios. Que comience a velar por nosotros, los ciudadanos.

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