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Una acción posible del actual ministro de Educación antes de terminar su período

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Ricardo Bracamonte / Máster en Evaluación y Política Educativa

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Máster en Evaluación y Política EducativaCon bastante frecuencia, entre los docentes de un centro escolar público, se escucha decir, ante el cambio de gobierno, que el nuevo titular del ramo educativo echa por la borda algunos programas, especialmente los programas estrella realizados por la gestión anterior. Se han dado casos extremos en que el nuevo funcionario decidió trasladar a otro sitio el despacho ministerial y cambiar, incluso, los muebles de la oficina para no sentir ni siquiera el olor de los que se fueron. La necesidad de “dejar un sello personal” en su período parece ser una cuestión de honor, sin importar los trastornos administrativos y burocráticos o los descalabros en la formación de los estudiantes que esto trae consigo.

Muchos dólares han quedado tirados en el cumbo de la basura de un plumazo.

La maduración de los procesos democráticos debería de expresarse en la necesidad de dar continuidad a proyectos que han resultado exitosos y que, de alguna manera, van dando respuesta a problemas sentidos por la población educativa.

¿Cómo hacer para garantizar esa continuidad y mejora de las políticas educativas y no dejar al antojo de cada nuevo gobierno la formulación de otras que, incluso, se vuelven contrarias a las anteriores?

La creación de una instancia permanente que pueda fungir como garante del sostenimiento y/o revisión de las políticas educativas podría ser una solución. Instancia autónoma del Ejecutivo y conformada por mujeres y hombres expertos en el tema, probos y cargados de una buena dosis de visión de país. En la Asamblea Legislativa se habla de una Comisión País, que supuestamente se encarga de velar por el rumbo estratégico de la nación, ¿podría ser?

No sé si la actual administración del sistema educativo quisiera lanzarse, amparada en el marco de la política de Participación Ciudadana creada por el Ejecutivo, a impulsar una iniciativa a fin de conformar un organismo que defina en los pocos meses que le faltan las líneas fundamentales que deberían regir en los próximos 20 o 25 en el sistema educativo nacional.

Una especie de equipo, muy parecido al creado en 1995, cuando los vientos de reconciliación y democracia que avivaban el espacio salvadoreño después de la firma de los Acuerdos de Paz entusiasmaron a muchos sectores de la sociedad.

En ese entonces, la Comisión de Educación Ciencia y Desarrollo, con funciones diferentes y muy delimitadas, con 12 personalidades de todos los sectores de la sociedad, incluyendo políticos de diferentes partidos, empresarios, religiosos y educadores, produjo importantes propuestas, vigentes, incluso, para nuestros días.

Qué bueno sería si la propuesta consistiera en crear un organismo con un mandato más allá de los cinco años que dura una gestión y cuyas funciones fueran dirigidas, no a aplaudir al de turno, sino a garantizar que las grandes políticas se mantuvieran vigentes y se ejecutaran. A lo mejor, solo así, el nuevo o la nueva mandataria en el rubro educativo no reniegue de los olores que deja el funcionario saliente y se comience una planificación seria y de largo plazo por la mejora de la calidad de la educación en el país.

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