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Una comisión ad hoc para los apetitos del presidente

Si no hay formación independiente de la opinión pública, si se persigue al periodismo, si se sataniza al pensamiento crítico y disidente, entonces la participación tiene piernas cortas. Y ese es el objetivo ulterior del gobierno de Bukele, reconocido torpe y afortunadamente por el mismo mandatario el 1 de mayo, cuando prometió desmontar "el aparato ideológico", aunque en realidad se refería a que quiere que el discurso oficial, sus usos, sus manierismos y su volumen agresivo y barriobajero se conviertan en cultura para la sociedad.

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La aspiración del régimen de reformar la Constitución de la República fue aflorando poco a poco en el primer bienio de GANA en el Ejecutivo. Y para evitar que esta movida pase a la historia sin matices sino sólo como la vulgar aspiración de Bukele de repetirse en el poder, se le encomendó al vicepresidente desarrollar -o creerse, aunque esto último no le conste a nadie- una narrativa populistoide.

Según recogió ayer el comunicado firmado por la comisión ad hoc que evalúa la reforma constitucional, el propósito de buena parte del articulado que se propone es darle al pueblo los mecanismos para que pueda participar en la toma de decisiones.

El aumento de la participación ciudadana es una aspiración inherente a todas las democracias; tampoco puede negarse que a partir de la operación de una clase política desacreditada, corrupta y sin ninguna autocrítica, como lo han demostrado sucesivamente los tres partidos oficiales que administraron El Salvador en el último cuarto de siglo, la democracia termina viéndose empobrecida y hasta amputada.

Pero el discurso del vicepresidente es no sólo pretencioso sino falaz, incompleto y sin rigor ético. Ulloa habla como si toda la democracia que El Salvador necesita, tanto por la corrupción de los gobiernos del pasado como por el asalto al Estado de derecho firmado por Bukele, pudiera resolverse con la participación de la ciudadanía.

No, si la facción gobernante consuma su proyecto de quitarle todos los dientes a la contraloría del Estado, los ciudadanos podrán cumplir con el rutinario ejercicio de votar en referendos, plebiscitos y cualquier otro mecanismo contemplado por una nueva dinámica electoral, pero no conmoverán la política pública porque no tendrán el conocimiento necesario de lo que ocurre en la esfera oficial.

Si no hay formación independiente de la opinión pública, si se persigue al periodismo, si se sataniza al pensamiento crítico y disidente, entonces la participación tiene piernas cortas. Y ese es el objetivo ulterior del gobierno de Bukele, reconocido torpe y afortunadamente por el mismo mandatario el 1 de mayo, cuando prometió desmontar "el aparato ideológico", aunque en realidad se refería a que quiere que el discurso oficial, sus usos, sus manierismos y su volumen agresivo y barriobajero se conviertan en cultura para la sociedad.

Aunque es poco probable que lo que anime al vicepresidente reformista sea el ideal ateniense del demos que decide por sí mismo cada cosa, si alguien le creyera un propósito más noble y menos servil que el de ofrecer a Bukele la llave para la destrucción del sistema político, igual tendría que decirle que ese demos nunca será lo suficientemente competente e informado si no cesan de envenenarlo con propaganda y discurso de odio.

Por supuesto, hay otro camino, el del liberalismo clásico que consideró más sensato disciplinar, regular el derecho de la mayoría toda vez que, exceptuando a los tiranos y a los populistas desvelados -por lo general terminan en la misma acera-, ningún demócrata debe aspirar ni creer en la unanimidad. De ese mismo filón de la filosofía política se ha heredado la noción de que la democracia es también el equilibrio que hay entre las organizaciones, entre los órganos del Estado, entre las funciones del gobierno que la nación exige como fundamentales, entre ellas la transparencia y la rendición de cuentas.

De ahí que lo más conveniente para el grupo en el poder sea entretener a la población con el sonajero de la técnica electoral, y rehuir cualquier discusión sobre el modo en que se está administrando la cosa pública y por qué han dinamitado la separación de poderes y a gran parte de la contraloría.

Además de que las decisiones no están siendo consultadas ni con el gabinete -cambio de moneda, crisis diplomática con Estados Unidos por un capricho presidencial, militarización de la seguridad pública, gasto insensato en la milicia, etcétera-, el cinismo es tal que se hará creer a la población que sí puede incidir; en realidad, se le quiere endilgar la responsabilidad de la destrucción de la democracia.

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