Una de las cuestiones básicas para que el país funcione bien es la plena sanidad institucional en todos los órdenes

La corrección inequívoca en el manejo de los asuntos públicos debe comenzar por lo más alto de la gestión institucional, y desde ahí derramarse hacia todos los otros niveles.

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La misma dinámica de nuestro proceso evolutivo dentro del esquema democrático que se instaló de forma inequívoca inmediatamente después de la conclusión del conflicto bélico interno hace que el ejercicio institucional se halle de manera constante y creciente bajo el ojo de la atención ciudadana, lo cual ha venido generando sucesivos destapes de la corrupción que por tanto tiempo fue una constante que parecía incontrolable e insuperable en los hechos. Esa sensación de impunidad absoluta hizo que los procederes y las acciones corruptas se dieran con cada vez menos disimulos y autoprotecciones, como ha quedado en evidencia al irse poniendo a la luz todos los casos que ahora se conocen y los que de seguro seguirán revelándose de manera progresiva.

Como se sabe por evidencia plena conocida desde siempre, para que la corrupción se haga valer en un ambiente determinado tiene que darse un juego entre los que se aprovechan de la corrupción y los que la permiten y la gestionan. Como se dice comúnmente, no hay corrupto sin corruptor, y esa verdad tiene que estar en la base de toda lucha contra este flagelo tan desquiciante en todo sentido. Por consiguiente, batallar contra esta plaga de la conducta en los diversos planos institucionales implica ir desactivando la impunidad en todas sus formas, contar con los mecanismos para la clarificación de los hechos hasta sus últimas consecuencias y tener a disposición estructuras y dinamismos legales que verdaderamente estén por encima de los manejos turbios y de las prácticas delictivas.

En estos días, para el caso, se está destapando un importante nudo de corrupción en la Corte de Cuentas de la República, donde un grupo de auditores son acusados de desvanecer irregularidades en el cumplimiento del contrato de la cuestionada Presa El Chaparral, que tantas zonas oscuras fue acumulando en el tiempo. Este es un caso que, en términos generales, se ha vuelto emblemático, en el peor de los sentidos, de la mala y pervertida práctica institucional, con los daños colaterales que son claramente perceptibles. Y es el sistema en su conjunto el que en definitiva sufre los efectos de barbaridades endémicas como la señalada, y que también podrá recibir los beneficios de una reconducción saneadora de todos los procederes institucionales, sin exclusiones de ninguna índole.

La corrección inequívoca en el manejo de los asuntos públicos debe comenzar por lo más alto de la gestión institucional, y desde ahí derramarse hacia todos los otros niveles. Esto implica dos aspectos vitales: la selección de personas que vayan a desempeñarse en los distintos cargos con la garantía de una conducta comprobadamente limpia e insobornable, y la presencia constante de mecanismos de seguimiento y de control que no sean manipulables en ningún sentido. Y en esto los que proponen candidatos en las diversas áreas y los que los apoyan en su ejercicio deben dar muestras claras en todo momento de estar realmente vigilantes de la integridad sin tacha y del sano desempeño.

La ciudadanía en todas sus expresiones y proyecciones debe ser la guardiana principal del desempeño público para que ningún desvío sea cubierto ni haya posibilidad sostenible de hacer valer cualquier tipo de actuación malsana.

Afortunadamente se ha venido dando esta dinámica de destapes, comenzando en los planos más altos del quehacer gubernamental; y hay que continuar en esos esfuerzos esclarecedores para asegurar la limpieza de todo el aparato.

La meta debe ser llegar al punto en que ninguna conducta reprochable y condenable quede impune, porque ese es el mejor servicio a la viabilidad del sistema y a la sostenibilidad del progreso en su mejor sentido.

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