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Una fotocopia menos puede hacer la diferencia

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Una fotocopia menos puede hacer la diferencia

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La reducción de la burocracia o –en términos más técnicos– la reducción de las cargas administrativas innecesarias es un tema de preocupación para las administraciones públicas del mundo, pero más aún para los sectores empresariales.

Las cargas administrativas innecesarias afectan las utilidades de las empresas, impactan en la competitividad, desincentivan las inversiones y generan esa apatía o molestia de ir a realizar un trámite.

Históricamente, el derecho administrativo salvadoreño ha sido formalista y guiado por la cultura del papel. La ley crea las cargas administrativas y los reglamentos de ley desarrollan los requisitos, formalidades y procedimientos; sin embargo, no siempre es así, por lo que los reguladores terminan complementando lo operativo con acuerdos, instructivos, manuales, etcétera. Lo anterior sumado al diseño de regulaciones imprecisas se abre espacios a conductas discrecionales y hasta caprichosas de algunos servidores públicos, que parecieran existir para dificultar el desarrollo de trámites.

En la otra cara de la moneda están las empresas y los ciudadanos, quienes tienen obligaciones legales que cumplir o resolver un asunto que les afecta. Ellos son los receptores directos de las cargas administrativas de la Administración Pública. Pero, al final la pregunta es: ¿qué ganan los administrados con las cargas administrativas?

No hay una fórmula básica para definir qué cargas administrativas son necesarias y cuáles no, pero es claro que el punto de partida es buscar un equilibrio entre la actividad regulatoria de las instituciones y los intereses de las personas, donde los beneficios para las personas sean superiores que los costos que implican las cargas administrativas partiendo de un enfoque antropocéntrico.

La Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) marca un cambio de paradigma en la administración pública salvadoreña. Veamos un ejemplo: si usted en un mismo día actualiza el Registro Único de Contribuyente (RUC), se inscribe al IVA y en los servicios electrónicos todos del Ministerio de Hacienda, para cada uno de esos trámites presenta una fotocopia de NIT; al entrar en vigor la LPA, el artículo 4 prohíbe que la administración exija documentos emitidos por ella misma, esta disposición va más allá: tampoco podrán pedir documentos que posea o deban poseer, ni de los entregados por las personas con anterioridad, ni de aquellos que obren en registros públicos. Esto, para otras latitudes, parecerá hasta de sentido común; pero para la administración pública salvadoreña representa una revolución, un cambio significativo en la cultura administrativa.

Parafraseando un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la normativa desfasada o mal concebida puede obstaculizar tanto a las empresas como al rendimiento económico. Por ello, la reducción de cargas administrativas ayudará a eliminar barreras en el comercio, la inversión y el espíritu empresarial.

El Órgano Ejecutivo tiene hoy por hoy una gran oportunidad de revolucionar la forma de administrar “la cosa pública”, de cambiar la fama de la administración pública, de lograr consensos con el sector empresarial para apalancar el crecimiento económico, de ser más cercano y amigable con las personas, de facilitar el acceso a los trámites y servicios. El cambio disruptivo puede iniciar antes que entre en vigor la LPA, si se tiene la voluntad y se demuestra empatía con los administrados.

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