Una gestión de la seguridad ciudadana más democrática

En el portal de la Presidencia del 29 de marzo, Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones, expresó en la entrevista “El Salvador ahora”:
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Una gestión de la seguridad ciudadana más democrática

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“La seguridad y el combate frontal a la criminalidad es un tema de primer orden que debe generar unidad nacional”; “(La seguridad) no es un tema que debiera de abordarse desde la perspectiva partidaria e ideológica, sino un tema de unidad nacional en el que tenemos que coincidir obligatoriamente todos los sectores para respaldar la seguridad del pueblo salvadoreño”.

El FMLN no ha logrado verdaderos acuerdos en el tema de seguridad ciudadana con ARENA y este último ha seguido con su política de polarización conflictiva estéril con vistas electorales, porque no conviene electoralmente ponerse de acuerdo con el partido de gobierno. Según el filósofo Gustavo Bueno Martínez, “la partidocracia constituye una deformación sistemática de la democracia. Cada partido tiene sistemáticamente que atacar al otro”. La democracia representativa viene siendo en el país una ilusión, porque los partidos políticos coartan la voluntad real de la ciudadanía y los ciudadanos no ejercen influencia en las decisiones públicas.

Si se le preguntara a la ciudadanía lo que quiere respecto al fenómeno de inseguridad creciente, me supongo que respondería lo siguiente: implementación de una verdadera política integral de seguridad y firma de un Acuerdo nacional de seguridad ciudadana efectivo y adecuado.

Llegar a ese Acuerdo sería asegurar una gestión más democrática de la seguridad ciudadana, es decir, una gestión no polarizada, no conflictiva, racional, convergente (de unión), respetando finalmente la voluntad de la ciudadanía. Un Acuerdo que representaría un Estado más democrático y un cambio respecto a lo que tenemos ahora: un Estado de partidos.

La aprobación por la Asamblea Legislativa de las recientes medidas en los centros penitenciarios, consideradas como especiales o extraordinarias cuando muchas deberían ser ordinarias, hacen parte de la misma “estrategia” de los gobiernos sucesivos de implementar medidas reactivas frente a eventos de mayor violencia y delincuencia.

Pero estas medidas, dirigidas a los centros penales para que estos no sean centros operativos criminales, solo representan una pequeña parte de las acciones necesarias para conformar una política integral de seguridad ciudadana. Hace falta: una efectiva y adecuada articulación entre las instituciones del Estado que tienen una influencia en la seguridad y convivencia ciudadana (FGR, PNC, Órgano Judicial, Fuerza Armada); voluntad política y recursos para que esas instituciones sean más efectivas, no corruptas y que los delitos no queden en la impunidad (depuración de las mismas); la construcción de penales para evitar el hacinamiento carcelario; acciones de prevención nacionales y programas de reinserción voluntarios y efectivos; una lucha frontal contra el fenómeno de las extorsiones que socavan el crecimiento económico; oportunidades educativas y laborales decentes para evitar la incorporación a las maras de los jóvenes en riesgo, etcétera.

Miembros de la sociedad civil, del sector privado, asociaciones y organizaciones no gubernamentales, reclamemos a nuestra ilusoria democracia una política integral de seguridad ciudadana. Construyamos en armonía y unidos un Acuerdo nacional para que la inseguridad, la delincuencia y la violencia sean a futuro ajenos a nuestro diario vivir.

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