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Una oportunidad para evitar puntos ciegos

Contar con finanzas públicas estables es crucial para la estabilidad social. Como se aprecia en estas líneas, los eventos por venir muestran cómo el país pasa por un momento corto pero decisivo. Por lo tanto, es menester apuntalar una visión amplia sobre cada punto y no convertirlos en “puntos ciegos”, tal como “aquel punto externo de su vehículo, que no se puede ver por ningún espejo”.

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Primer punto, las pensiones. En definitiva, concluir cuál será la fuente de recursos para pagar las responsabilidades del Estado en pensiones, es positivo y necesario. Esto me parece más verosímil que calcular la rentabilidad que hubiesen ganado los ahorros, aunque no lo devenguen, porque eso configuraría un pasivo implícito que el Estado no afronta hoy, sino que promete afrontarlo después, tal como se ha venido haciendo. Entre la promesa de pagar con impuestos mañana o mayor contribución para la seguridad social hoy, es preferible actuar hoy.

 

Segundo punto, la problemática fiscal es más amplia. Si bien, a finales de 2016 el país dio algunos pasos, y además se dio la emisión de deuda por $605 millones, el inicio de 2017 fue inconveniente, porque dejó una brecha financiera no cubierta; la cual, al restarle los ingresos extraordinarios que se han obtenido, se aproxima a $400 millones. Para cubrir dichas necesidades de deuda recurrente, se solicita a la Asamblea Legislativa (AL), autorización para emitir un nuevo bono por $260 millones. Además, se pide emitir nuevos certificados que formen parte del Fondo de Pensiones de los trabajadores, por el orden entre los $100 o $200 millones para pagar los compromisos con los jubilados actuales. Reza la propuesta de decreto que estos podrían aplicar las mismas reglas que los certificados de inversión previsional (CIP) anteriores, cuando lo medular es la tasa de interés que pagan. Ambos montos son para cubrir la brecha y suman entre $360 y $460 millones.

 

Tercer punto, pago de octubre. En defecto que los flujos financieros son fungibles, por decisión del administrador se dejó “para después” aclarar los recursos, para el pago de $91 millones en servicio de la deuda de los CIP, que vencen entre 7 y el 20 de octubre de este año. No cumplir dicho compromiso, o cualquier otro (como los $55 millones para deuda externa, que se incluyen en el nuevo endeudamiento, según el proyecto de decreto), será igual al impago acontecido en abril y equivale a dispararse un tiro en el pie, porque complicaría aún más la situación no solo de la aprobación, sino de contratar efectivamente la deuda.

 

Cuarto punto, nuevo presupuesto. El año 2018 ya se asoma, la Constitución establece que el envío del presupuesto a la AL debe hacerse cada 30 de septiembre. A raíz del fallo de Sala que declaró inconstitucional el Presupuesto de 2017, en el que mandó a corregir lo actuado antes del 31 de octubre, la nación espera un cambio sustantivo en su presentación, acorde también con la Ley de Responsabilidad Fiscal que fue aprobada.

 

En fin, el tiempo para actuar responsablemente sobre cada punto y salir del marco insostenible ha llegado. El momento exige el máximo de responsabilidad, donde debe sobreponerse el interés nacional al enfoque parcial que complica la situación al ver solo un aspecto en particular y dar espacio para un “diálogo efectivo sin puntos ciegos”, que no ignore, tal como cuando usted maneja, que hay que tener presente aquellos factores que no ve.

 

 

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