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El Salvador duele. Es el que menos crece en la región, el que tiene los índices de delincuencia más elevados, es considerado como uno de los más corruptos, el que más fracasa en la inserción internacional, el que menos inversión extranjera recibe, el más complicado en materia previsional, el más endeudado (respecto al PIB), el que no puede salir de una crisis fiscal angustiosa, uno de los peores en la provisión de servicios y bienes públicos, el más desertificado después de Haití. En suma, somos un país que se está cayendo en pedazos. Y para cerrar el círculo, uno de los más polarizados, con un gobierno soberbio que promueve la desobediencia social, miente y además oculta a delincuentes. Para colmo de males, tiene una oposición irredenta.

Pero igual seguimos ganando campeonatos. Información conocida recientemente indica que en materia de competitividad, el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), coloca al país en el puesto 95 para 2017, cuando en 2016 se ubicó en el 86. El reporte Doing Business del Banco Mundial coincide con el del WEF; mencionando que, en Centroamérica, solo está por debajo de Honduras y Nicaragua, mientras más al sur, únicamente aventaja a Bolivia, Paraguay y Venezuela, lo que, en este último caso, es en sí una comparación odiosa y más denigrante.

La corrupción y la desconfianza en las instituciones aparecen como parte esencial de las causas principales del retroceso de 10 puntos que ha experimentado el país desde 2012, fenómeno que tampoco está ausente en países gobernados mayormente por populistas. Pero también se agrega el de la violencia y el crimen organizado, por lo que esta última entidad nos colocó en el lugar 140 de igual número de países evaluados por el crimen organizado, y en el escalón 137 por el costo que genera la violencia desbordada y la incertidumbre, sobre todo en el ámbito político. El Centro para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDE) del INCAE también comparte algunos de estos hallazgos, aunque admite que en institucionalidad vamos mejorando, acaso por el papel de la actual la SC y la renovada FGR, a pesar de las trampas gubernamentales. Ojalá que estas no comprometan la ayuda de Estados Unidos.

En estos descubrimientos siempre sale a relucir el tema de la baja inversión, que tanto afecta el crecimiento y, consecuentemente, el empleo. Relacionado con esto, ha crecido la pobreza y la desocupación, aumentando la primera a 45.6 % en 2015 cuando en 2014 se contabilizó en 34.2 %, para afectar a más de 244,000 personas. Mientras tanto, el desempleo se mantuvo en 7 % con respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), sin duda por el creciente número de activistas partidarios que han engrosado la planilla gubernamental en más de 40 mil desde 2010. Dicho sea de paso, se dice que estas cifras pasaron antes por muchos filtros al estilo de la Argentina de CFK.

Frente al lento crecimiento que venimos arrastrando por más de tres quinquenios, el mismo gobierno reconoce que el problema deriva de la baja inversión privada, tanto nacional como extranjera. Sin embargo, no se da por enterado del daño que por acción u omisión causa a más de 6 millones de habitantes. Sin reglas claras, tramitología costosa, carga impositiva creciente, infraestructura deficiente, extorsiones en aumento y, sobre todo, con la calentura gubernamental con la empresa privada, qué se puede esperar.

No es con nombramientos adjudicados a la nomenclatura que se va a facilitar y potenciar la inversión, aunque haya varias instancias para lo mismo. Lo que esto implica, con el nuevo viceministerio –independientemente de los “pecadillos” que le atribuyen al funcionario responsable– es que ni la vicepresidencia, ni PROESA, ni Economía están haciendo su tarea, como no sea hacernos sufrir con la Ley (no el mal) de Parkinson. Empero, conservamos la esperanza de que las mafias de Rusia, China e Irán nos ayuden para prolongar la agonía.

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