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Urge proteger el derecho fundamental al acceso a la información pública y a la transparencia

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Centro de Estudios Jurídicos - Por el Imperio del Derecho

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El Centro de Estudios Jurídicos ha manifestado su preocupación por las reformas al reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y el manejo político que se le está dando al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Ambas cuestiones restringen el derecho a saber de la ciudadanía y ponen en peligro a una pieza fundamental del sistema de transparencia del Estado salvadoreño.

El pasado 31 de agosto se publicaron en el Diario Oficial una serie de reformas al reglamento de la LAIP. Denunciamos que las reformas al reglamento de esta Ley se realizaron de manera inconsulta, sin decirle a nadie. El principio constitucional de publicidad y la Ley de Procedimientos Administrativos obligaban al presidente de la República a que, previo a decretarlas, debía seguir un procedimiento en el que hiciera consultas públicas y justificara debidamente estas reformas. Esto no se realizó.

La LAIP establece que el instituto, entre una de sus atribuciones, puede conocer de oficio sobre desclasificación de información declarada reservada. El presidente, a través de su reforma al reglamento, dispuso que, toda controversia sobre clasificación o desclasificación de información reservada, se deba pasar antes frente a la autoridad que declaró la reserva de información.

En anteriores pronunciamientos también denunciamos que el presidente de la República violó la ley y la Constitución cuando se excedió en sus facultades reglamentarias. Las reformas al Reglamento, lejos de desarrollar y facilitar el cumplimiento de la ley, obstaculizan su cumplimiento. Hoy reafirmamos que las reformas a la LAIP vulneran el principio de legalidad, pues transgreden los límites a la potestad reglamentaria al realizar una labor que corresponde a la Asamblea Legislativa, el principio de publicidad de los actos realizados por las autoridades y el de acceso a la información pública contenido en la Constitución. Todo lo anterior está plasmado en una demanda de inconstitucionalidad presentada ante la Sala de lo Constitucional.

Diversas acciones realizadas en el IAIP también nos hacen preocuparnos por el buen funcionamiento de dicha institución. En la reforma al reglamento el presidente dispuso que las facultades que deben ejercerse de manera conjunta por los cinco comisionados que conforman el IAIP fueran, en su lugar, ejercidas por el presidente de la institución.

Y recientemente, con el fallecimiento del comisionado nombrado por el sector profesional, se complica mucho más el futuro de la transparencia del Estado ya que el nuevo comisionado pretende ser elegido con base en las disposiciones reglamentarias que consideramos inconstitucionales. Debido a ello, se ha presentado una solicitud de ampliación de medida cautelar a la demanda de inconstitucionalidad planteada por las organizaciones que conforman el Grupo Promotor de la LAIP, a fin de que se suspenda el procedimiento de elección del comisionado designado por el sector profesional hasta que se determine la constitucionalidad de las normas reglamentarias.

Desde el Centro de Estudios Jurídicos estaremos vigilantes del respeto al derecho de acceso a la información pública y al desarrollo de las labores de los comisionados del IAIP, ya que no podemos dar un paso atrás en las conquistas que se han logrado a través de los años mediante la Ley de Acceso a la Información Pública.

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