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Urticarias legislativas (y II)

El otro escenario dentro de nuestra corta vivencia democrática muchos encontramos una brecha considerable entre la sociedad que idealizamos con el Acuerdo de Paz y la cruda realidad. La diferencia estriba en la noción que se tiene de los deberes y derechos en una democracia funcional vis a vis la separación de poderes y la sujeción de los actores políticos al marco constitucional e institucional que le da sustento al sistema. Naturalmente, la ciudadanía siente más esa diferencia, ahora que es gobernada por un partido cuyo Leith motive supuestamente fue acabar con la cultura autoritaria, el entreguismo y la exclusión. Algunos le llaman a esto hipocresía.
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Pero también hay que entender, que es precisamente en ese comportamiento contradictorio que se asienta su poder, donde su cacareado discurso sobre el respeto a la institucionalidad solo es una máscara para disfrazar una forma de hacer las cosas plagada de arbitrariedades. Paradójicamente estas solo puede ser desveladas dentro del marco institucional en que se sustenta el sistema. En este punto, es preciso reconocer el papel fundamental que juegan los medios de comunicación no pegados al gobierno, para desnudar y masificar comportamientos reñidos con la legalidad, la ética y la transparencia. Y por ello son con frecuencia el blanco favorito de quienes no toleran la más mínima crítica o señalamiento, como sucedió en la época kirchnerista en la Argentina, ocurre en Ecuador y en general en gobiernos populistas o tirados a la izquierda, aunque el caso venezolano sigue siendo la mejor escuela para quienes ambicionan el control total del Estado.

Afortunadamente no hemos llegado a esos extremos, pero como sociedad estamos informados de los intentos de ponerle obstáculos al proceso democratizador, con señales claras de que estamos caminando por un tramo gelatinoso, dando pasos en falso que parecieran llevarnos a desandar el camino ya transitado. Las últimas sentencias de la Sala de lo Constitucional, criticadas por unos y alabadas por la mayoría, no dejan sombra de duda de que, dentro del drama que estamos viviendo, algo está funcionando bien. Pero al mismo tiempo ponen de manifiesto la fragilidad de la institucionalidad, cuando actores políticos se niegan a aceptar la justicia constitucional, como si esta fuera opcional o debiera estar al servicio de sus particulares intereses.

Puede que pase desapercibido para muchos, pero detrás de esas sentencias hay un reconocimiento expreso del manoseo que el partido gobernante ha hecho de la Carta Magna. Puestas en perspectiva, nos alertan sobre las consecuencias de vivir sometidos a un estilo dictatorial de gobernar guiados por una línea ideológica que la mayoría rechaza... Entonces surge la pregunta: ¿Cuál sería el escenario si no existiera un control constitucional que le ponga freno a los desmanes de la clase política? Y en esta categoría caen moros y cristianos, concretamente en el caso de los diputados suplentes donde una voracidad sin límites ha llevado a la sociedad entera a cuestionarse sobre el compromiso de todas las fuerzas políticas, frente a agudos y complejos problemas que vivimos.

Hablando de los deslices que se dan en el Salón Azul, no hay que olvidar la autorización amañada para la emisión de bonos por $900 millones. En este caso, las mentiras y las medias verdades fueron enfrentadas con la Constitución en la mano, para que un nuevo eslogan cobrara notoriedad en el imaginario colectivo: “gobernando de espaldas a la gente”. Argucias similares se han hecho públicas con los nombramientos de segundo grado, donde los intereses oscuros han desplazado la ética política. Pero nuevamente, gracias al control constitucional y al papel de los medios, podemos señalar a quienes intentan subvertir el orden establecido.

Sin duda, cuando se escriba la historia, la Sala de lo Constitucional (2009-2018) será reconocida por haberle dado al sistema político la oportunidad de reinventarse y por alertar a la sociedad entera sobre el significado de la separación de poderes. De aquí surgen tres preguntas: ¿Cuál sería el escenario, si los intentos del FMLN para integrar la SC con activistas del partido se hubieran materializado? ¿Se atreverían a destituir a los cuatro? Y ¿qué pasará cuando estos dejen sus cargos?

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