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Venezuela: el plebiscito por la libertad y la democracia

Las protestas continúan desde hace más de tres meses en toda Venezuela y la gente no quiere volver a su casa hasta que la dictadura termine, Nicolás Maduro mientras tanto sigue empecinado en su asamblea constituyente inconstitucional que es rechazada y repudiada por más del 80 % de la población, la terquedad del régimen por mantenerse en el poder lo ha llevado a realizar la represión más salvaje que algún pueblo haya experimentado, con más de 90 personas asesinadas, miles de heridos y más de 500 presos políticos, el cambio de casa por cárcel de Leopoldo López no modifica en nada la situación venezolana, esta realidad se percibe porque existen factores internos y externos relacionados con el régimen chavista, que ante un cambio de régimen, afectaría beneficios económicos, políticos e ideológicos tales como: la economía del régimen cubano, el narcotráfico, el Fundamentalismo islámico, el lavado de dinero procedente de la corrupción y actividades ilícitas, y el subsidio a algunos partidos políticos y Gobiernos latinoamericanos y del Caribe.
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En Venezuela la represión llega hasta el ministerio público, es decir, contra todos aquellos que se oponen a las arbitrariedades del chavismo; la fiscal general de la República Luisa Ortega, que ha desafiado al régimen denunciando la ruptura del hilo constitucional, las violaciones de los DD. HH. y el fraude constituyente, está siendo asediada por la dictadura y los jerarcas chavistas que la han amenazado con destituirla y encarcelarla.

La Asamblea Nacional (AN) ha invocado y está aplicando los artículos 333 y 350 de la constitución bolivariana de Venezuela que dicen: artículo 333: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. Y el artículo 350: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Lo establecido en los artículos mencionados le da suficiente legalidad y legitimidad a la Asamblea Nacional para haber convocado al plebiscito del 16 de julio de 2017 que con la participación de más de 7 millones de personas rechazó y revocó de forma categórica la constituyente de Maduro, a pesar de todos los obstáculos impuestos por el régimen para la consulta; amenazas a la población, violencia de los colectivos paramilitares chavistas que se cobraron la vida de Xiomara Escott y varios heridos al ser atacado un centro de votación, así como boicot permanente a este evento democrático.

Los resultados de la participación masiva de los ciudadanos en la consulta popular de la Asamblea Nacional (AN) deslegitiman e invalidan la constituyente convocada por Nicolás Maduro para el 30 de julio de 20017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) que son apéndices del régimen chavista no tienen autoridad para estar avalando esta violación a la constitución venezolana.

La Revolución Bolivariana se ha convertido en la Destrucción Bolivariana, la crisis no tiene límites, las colas para conseguir alimentos y medicinas se han vuelto interminables, la gente se muere de hambre y por falta de medicamentos. Al gobierno de Nicolás Maduro se le agotan las opciones, debería de reconocer los resultados de la consulta y permitir una salida constitucional, democrática y electoral, de lo contrario la hora cero está por llegar, la represión y las amenazas ya no detienen a la gente, lo que quieren es la salida inmediata del régimen. Venezuela solo entrará en calma cuando el régimen sea desalojado y avance en una transición hacia la libertad y la democracia.
 

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  • Venezuela
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