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Víctima

La familia de Carla Ayala no solo ha sido víctima de su desaparición, de la que se inculpa a un miembro del extinto Grupo de Reacción Policial, sino del oprobio de la PNC y del autismo de su dirección.

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Cristian Villalta / Gerente de El Gráfico

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El Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador reconstruye los hechos con la famélica colaboración de los agentes que atestiguaron aquel horror. Esa diligencia recreará al menos uno de los varios crímenes cometidos por Juan José Castillo esa noche de diciembre pasado. Pero tan graves son los hechos cometidos por Castillo como la reacción de la Policía Nacional Civil, que exhibió unos reflejos con poco de civiles y con mucho de los antiguos cuerpos de seguridad.

Hubo dos acciones relativas al caso Ayala en el último trimestre en las que la Policía exhibió rasgos que deben mover a la discusión. La primera tiene que ver con la resistencia de la PNC a admitir el estatus de víctima de la madre de Carla. Que el Estado sea tan miserable de regatearle una indemnización a la familia de uno de sus agentes, madre de dos adolescentes, desaparecida en el marco de un evento institucional, no es un concepto inadmisible cuando se es salvadoreño. Pero que el mismo director lo hiciera con sus propias palabras fue decepcionante.

La violación del debido proceso, no solo de los detenidos, sino los de esa difusa masa de sospechosos que la autoridad adivina en barrios y colonias de renta baja ha sido primero un peligro y luego una tentación a la que miembros de la Policía no se pudieron resistir en el último quinquenio. Así lo demostraron valientes publicaciones periodísticas que solo tuvieron un mutis gubernamental como respuesta.

Detrás de esos métodos, que incluyen la victimización de la institución y la naturalización de la violencia como herramienta de diálogo con la ciudadanía, yace un desprecio por las verdaderas víctimas de la delincuencia. El superlativo de esta enajenación de la PNC es que una de sus agentes sucumba ante el crimen y tampoco se solidaricen con ella ni, por extensión, con su familia.

La segunda ha sido la torpeza en la investigación. La Policía ha cometido errores ridículos y la dilación en los resultados, así como la relación de los hechos lleva a conclusiones contradictorias sobre los objetivos de sus pesquisas. No hay modo que sus mandos salgan bien parados ante las opciones de “o incapacidad o encubrimiento” que les hacen desde familiares de la víctima hasta excolegas suyos en carácter anónimo.

Genéticamente, nuestra Policía es mestiza, con tanto ADN del siglo pasado como de este. Esa composición no la inhibía de su legítima pretensión como músculo para nuestra democracia en tanto garante del libre ejercicio de los derechos humanos y de las libertades.

Pero la visión militarista de la seguridad pública, el naufragio de la política gubernamental en la materia y la narrativa maniquea impulsada desde el establishment empujaron a la corporación hacia el lado más peligroso de su naturaleza.

Son más los agentes decentes, de eso no nos quepa duda, pero todos sin distinción adentro de las delegaciones están siendo afectados por la alienación del espíritu fundacional de la PNC.

Adonde sea que esté, Carla Ayala lo denunciará mañana como lo hace desde el 28 de diciembre.

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