Villano

Veintitrés años después de su fundación, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitó El Salvador. Lo hizo por invitación del gobierno para discutir los avances y los retos en materia de derechos humanos. A su regreso a Ginebra, dedicó a nuestro Estado unas declaraciones sobre las que todo salvadoreño debe meditar.

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Entendamos que el Alto Comisionado tiene como uno de sus principales objetivos ser el portavoz de las víctimas de cualquier crisis de derechos humanos en el mundo, y que su autoridad moral se superpone a cualquier consideración política o ideológica nacional.

Dicho de otro modo, sus manifestaciones no pueden ser descartadas con un argumento superficial ni con un exabrupto barato, como este gobierno estiló el último año cada vez que se le preguntó sobre garantías constitucionales y su amenaza bajo la excusa de la militarización de la seguridad pública.

El Alto Comisionado, Zeid Ra'ad Al Hussein, se refirió en esencia a cuatro realidades de la democracia salvadoreña: que los índices de violencia, especial por la acción pandilleril, son escandalosos y dieron pie al “retorno de los escuadrones de la muerte”; que hay desplazamiento forzado a consecuencia de estos fenómenos; que las condiciones del sistema carcelario son inhumanas; que El Salvador es el lugar más peligroso para cualquier mujer en Centroamérica.

Al Hussein dejó estas recomendaciones a nuestro gobierno: derogación de las medidas penitenciarias extraordinarias y acceso de organizaciones internacionales a los centros de detención; ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura; reconocimiento oficial del desplazamiento forzado continúa a consecuencia de la violencia; suspensión del artículo 133 del Código Penal sobre el aborto consentido y propio; revisión de todos los casos de detención por ofensas relacionadas con el aborto.

Asimismo, expresó su estupor al constatar que de entre un centenar de crímenes cometidos durante la guerra civil, incluyendo célebres casos de lesa humanidad, solo tres investigaciones hayan sido reabiertas tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.

¿Qué diferencia hay entre lo descrito por el Alto Comisionado y decir que el Estado salvadoreño sufre una crisis de derechos humanos? ¿No es obvio que la dignidad de la persona humana no es un derecho sino un privilegio del que solo gozamos algunos en nuestro país?

Una nación con tal triste pasado en esta materia tiene que abrazar decididamente esta discusión; esa deficiencia ha estado a la base de los cíclicos episodios de violencia de nuestra historia contemporánea, letanía de muertos que debió concluir en 1991. Pero nuestro Estado continúa funcionando como una fábrica de víctimas, jóvenes pobres y sin posibilidades, y si estas víctimas son mujeres, condenadas a un oprobio adicional.

Simán, Calleja, Bukele y cualquiera de los dos Martínez, todos los candidatos de 2019 deben pronunciarse claramente sobre la en absoluto secreta precariedad en que yacen los derechos humanos de nuestros adolescentes y jóvenes. Y tomar una posición orgánica que rebase los ademanes y la publicidad.

El futuro que piensen para El Salvador, cualquiera que ese sea, requiere de políticos valientes anclados en el hoy. No se trata solo o de maquillar a la administración actual o de sacar al Frente del aparato; en materia humanitaria se debe rediseñar al Estado, el gran villano de nuestra crónica nacional.

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