Loading...

Violando la ética gubernamental

Enlace copiado
Sandra de Barraza

Sandra de Barraza

Enlace copiado

El periódico digital El Faro dio a conocer quién financió el cuestionado viaje en avión privado del viceministro de Seguridad y director de Centros Penales: “el Grupo SeguriTech Integral Security, una empresa multimillonaria, experta en servicios de video vigilancia fundada en México”.

La Ley de Ética Gubernamental (12-2011) establece prohibiciones éticas. Entre ellas está aceptar, haciendo tareas o trámites relativos a funciones del cargo, cualquier servicio, de valor económico o beneficio, adicional a los que percibe el funcionario en el desempeño de sus labores. Cualquiera supone que esta prohibición responde al principio de imparcialidad establecido en la ley.

La Ley de Ética Gubernamental también identifica y regula beneficios indebidos. Se presupone que existen beneficios indebidos en casos de aceptación, por parte de personas sujetas a la ley, de cualquier servicio de valor económico u otras ventajas adicionales, cuando el proveedor tiene carácter de oferente o potencial oferente de servicios a la institución.

Con esto, cualquiera presupone beneficio indebido cuando un servidor público, permanente o temporal, remunerado o ad-honorem, nombrado o electo popularmente, dentro o fuera del país o, cuando una persona que administra bienes públicos, acepta un servicio (de transporte de lujo como es el caso) de una empresa oferente o potencialmente oferente, o de una empresa proveedora de servicios a la institución.

Se presupone porque cualquiera puede poner en duda el actuar acorde a los principios de igualdad, de imparcialidad, de transparencia, de eficiencia y de eficacia establecido en la Ley de Ética Gubernamental y el de competencia exigida en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Función Pública (LACAP). ¿Qué dice el Tribunal de Ética?

Nadie pone en duda que, en el marco de las funciones del Viceministerio y de la Dirección de Centros Penales, se justifica el investigar, evaluar, adquirir, introducir, supervisar y renovar tecnologías para la prevención de la delincuencia. Son tareas permanentes y los sistemas de video vigilancia están incluidos. La ocupación de identificar y valorar cuáles son los avances, dónde están, quién los produce y determinar el costo beneficio, es permanente. La tarea de construir bases de datos con información confiable y comparable para elaborar una lista larga y otra corta de potenciales proveedores, nacionales e internacionales, es de obligación.

Pero, cualquiera tiene el derecho de poner en duda la imparcialidad en la construcción de listas largas y cortas cuando los potenciales proveedores de bienes y servicios a la institución organizan y financian viajes de “reconocimiento” a los funcionarios que posteriormente son los que deben aprobar términos de referencia para las licitaciones, dar seguimiento a la administración de los contratos y ejercer las garantías correspondientes.

No hay almuerzo gratis. Cualquiera tiene libertad de pensar que toda dádiva es motivo suficiente para caer en una de las prohibiciones éticas; que cualquiera puede dejar de hacer lo que manda la ley o dejar que otros no cumplan con la ley, que es lo mismo. La ley prevé estos casos al establecer la inhabilitación del oferente por cinco años.

Debido a que la ley prevé este tipo de situaciones, es difícil justificar que miembros de la Asamblea Legislativa condicionen la aprobación de un préstamo siempre y cuando se elimine el rubro de sistemas de video vigilancia por posibles beneficios indebidos. Se vale cuestionar la orientación del préstamo para la tercera fase del plan control territorial. Pero no se vale cuestionar que, por falta de prudencia de la autoridad competente o por ignorancia de la ley, se deje a la ciudadanía sin acceso a tecnología útil para el control de la delincuencia.

La Ley de Adquisiciones establece exigencias para licitaciones y concursos internacionales. Deben tener amplia difusión en publicaciones especializadas y periódicos internacionales de amplia circulación. Esto debe cumplirse en su momento. Es decir, después de aprobado el préstamo internacional para adquirirlos. ¿Sirve o no sirve un sistema de video vigilancia para el control de la delincuencia? Esta es la pregunta que deben responder antes de aprobar el préstamo. Mi respuesta es afirmativa. Y será el fiscal general de la República el obligado a defender los intereses fiscales y sociales en toda licitación internacional.

Lee también

Comentarios

Newsletter
X

Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias

Mensaje de response para boletines