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Violencia. Impago. Impotencia.

Hace tres semanas, el Centro de San Salvador se convirtió en un campo de batalla, con dos grupos armados enfrentándose entre sí. Al final, el recuento de ese enfrentamiento fue cinco pandilleros y un vigilante muertos. Como reacción, la Policía suspendió a la agencia de vigilantes a la que pertenecían los guardias privados de seguridad que enfrentaron a los pandilleros e intervino en la zona.
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El centro de San Salvador es un lugar clave en la vida nacional. No solo por la importancia del movimiento de la economía formal como de la informal (que, de hecho, mueve millones de dólares exentos de pago de impuestos), sino también porque se ha convertido en la base de operaciones del crimen organizado. Las pandillas, de acuerdo con investigaciones fiscales y policiales publicadas en LA PRENSA GRÁFICA, han mutado y desplazado a los tradicionales “coyotes” para vender ellos mismos armas y munición para alimentar a la delincuencia.

Vimos la reacción de la Policía, del Gobierno y de la Alcaldía de San Salvador (que no pasó a más de robar cámara en la conferencia del director de la PNC), pero todavía esperamos los resultados de lo que debería ser una intervención directa y a la yugular del crimen organizado.

Mientras tanto, las autoridades de Seguridad Pública, bajo la tutela de la Fiscalía General de la República, nos llevaron esta semana al proceso de persecución del clan Umaña-Salazar, dueños de una empresa distribuidora de granos básicos y harina de trigo, de una cadena de hoteles de bajo perfil, un equipo de fútbol de primera división, gasolineras y una decena de inmuebles. José Adán Salazar Umaña y tres de sus parientes están detenidos. El primero por estar acusado de ser el cerebro de una operación de presunto lavado de dinero por el orden de los $215 millones y las otras tres por ser sus cómplices, al participar en las sociedades utilizadas para el blanqueo. Están prófugos el alcalde de Metapán, Juan Umaña, su hijo Wilfredo Guerra y el hijo de José Adán.

Al inicio de la semana, José Adán Salazar estaba incluido en la lista de capos internacionales de la droga del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El viernes, a media mañana, se informó que la OFAC (Oficina de Control de Activos) había sacado a Salazar Umaña de esa lista, lo cual no significa una “constancia de buena conducta” o un certificado de ciudadanía ejemplar, pero que, de una u otra forma, impacta en la investigación de la Fiscalía. Hay que apuntar, sin embargo, que la Fiscalía se cuidó desde el principio de incluir el narcotráfico en la acusación contra José Adán Salazar y lo enfiló específicamente en torno a “lavado de dinero”.

En la Asamblea Legislativa hubo una fuerte discusión por el apoyo que el Gobierno le dio a Venezuela en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), debido a la crisis institucional que vive la nación suramericana, además de la situación desesperada de su población, que no tiene acceso a alimentos para suplir sus necesidades mínimas.

Y aunque había un ultimátum para pagar compromisos previsionales –que el Gobierno dejó sin financiar en el presupuesto general de la nación y que por eso mismo se investiga su inconstitucionalidad–, no fue sino hasta el final de la sesión plenaria cuando se pidió aprobar un refuerzo, un traslado de fondos de una cartera a otra o incluso la adquisición de un préstamo. Pero no pasó. Y también fracasó el intento por una nueva plenaria extraordinaria para aprobarlo.

Y así nos llega la larga semana de feriado en el Estado. Con la impotencia de que las dos principales fuerzas políticas no fueron capaces de ponerse de acuerdo.
 

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