Vivamos en la Constitución

El colapso del Estado de Bienestar generó incapacidad para materializar la Constitución, especialmente en lo social, esto es, de cumplir el pacto social por medio de políticas públicas. Surgió la necesidad de litigar las demandas sociales. Esa judicialización que tanto molesta a un sector de los políticos no es más que un grito de auxilio de una sociedad que clama por justicia social y por soluciones.
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La debilidad de las instituciones democráticas de representación, así como la fragilidad de los espacios tradicionales de mediación social, son los que crean la patología socio-política y que contribuyen al traslado a la esfera judicial de los conflictos que antes eran resueltos por medio de los órganos de representación política.

La miopía política no permite ver el bosque, solo el árbol. Peor aún, hay voces dispares que se pronuncian contra lo que ellos llaman activismo político o intromisión del Órgano Judicial a través de la Sala de lo Constitucional, en el quehacer político. Reflexionemos: los actos y normas inconstitucionales y violación de derechos subjetivos que la Sala conoce a solicitud ciudadana y del agraviado, no surgen espontáneamente en ella. Nacen en los entes públicos con representación sobre todo electoral. La Sala los señala y aparta del ordenamiento jurídico, tutelando los derechos violados. Esa es su responsabilidad, defender la Constitución contra el acto arbitrario y abusivo de la autoridad o de particulares que por sí impliquen actos de autoridad. Así vemos cómo las decisiones judiciales en general cumplen funciones sociales cada vez más determinantes.

El sistema judicial no puede permanecer ciego ante los efectos sociales de sus fallos. La Sala de lo Constitucional ha iniciado ya una apertura a nuevas formas de decisión, cuando ella afecta de un modo el desarrollo de una política pública, en desmedro del bien común, lo cual es alentador.

La Sala nos invita, vía jurisprudencial, en forma constante, a vivir en la Constitución, no solo a verla en un escaparate de biblioteca, sino a hacer nuestros sus principios y valores que humanizan la convivencia social.

Desde luego que el ente rector de estos esfuerzos no es la Sala de lo Constitucional, ni siquiera la Constitución. La densa problemática social no puede ser resuelta ni por un Tribunal Constitucional, ni por leyes.

Ellos no son instrumentos preventivos ni curativos de la enfermedad social que padecemos. Son el mejor instrumento de sana convivencia. Nada más. La labor reconstructora corresponde al resto, léase como se quiera. Este resto somos todos los salvadoreños, enfermos de apatía, de sordera, de ceguera, del inmovilismo gubernamental.

Me niego a aceptar que vamos camino de ser una sociedad rendida.

Tenemos una convivencia riesgosa e insegura. Hay crisis de valores porque, aunque la ignorancia puede ser atrevida, no tiene el Gobierno de El Salvador la capacidad de resolver los macro problemas, que en vez de disminuirse adquieren proporciones epidémicas que no pueden ser atacados solo con discursos. Pensemos en esfuerzos con dimensión mayor que los frustrados de los últimos años.

Si el sector gubernamental no puede o no quiere hagámoslo el resto. Somos más. Iniciemos la reconstrucción de una sana convivencia con un ladrillo cada uno; ese ladrillo deberá ser el acto diario de solidaridad, de apoyo al prójimo que más afectado se encuentre cerca de nosotros.

El salvadoreño no puede olvidar que venimos de vencer una guerra deshumanizante, de batallar con la naturaleza y contra toda clase de adversidades.

Ahora nos toca vencer el terrorismo, el crimen organizado y muy especialmente la violencia intrafamiliar, que es caldo de cultivo de males mayores. ¡Vivamos en la Constitución!

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