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Y aquí ¿cuándo?

Y aquí ¿cuándo se demostrará que nada queda impune? Y aquí ¿cuándo se demostrará que en el Gobierno lo que importa es el bien común?
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Y aquí ¿cuándo?

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<p>En Costa Rica se ha juzgado por corrupción y enriquecimiento ilícito a dos expresidentes. En Costa Rica han juzgado y han condenado a dos expresidentes. El primero fue Rafael Ángel Calderón (1990-1994) y el segundo Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002).</p><p>Cuando se conoce de estos casos en nuestro pequeño territorio, la pregunta es ¿y aquí cuándo van a juzgar a un expresidente? Y aquí ¿cuándo se tendrán ejemplarizantes casos para demostrar cero tolerancia a la corrupción? Y aquí ¿cuándo se demostrará que nada queda impune? Y aquí ¿cuándo se demostrará que en el Gobierno lo que importa es el bien común? Y aquí ¿cuándo se darán ejemplarizantes casos para asegurar que la función pública efectivamente está comprometida con lo público? Y por último, los casos de exfuncionarios que han juzgado. ¿Son los únicos? ¿Quién sabe?</p><p>No hay respuesta al cuándo. No hay respuesta si se agotan. Y no hay respuesta porque los intereses de la sociedad los defiende el fiscal. No hay respuesta porque los intereses del Estado los defiende el fiscal. No hay respuesta porque los intereses de la hacienda pública los defiende el fiscal. No hay respuesta porque en todos los contratos de bienes muebles e inmuebles del Gobierno el fiscal es quien asume la representación de los intereses del Estado.</p><p>&nbsp;</p><p>No hay respuesta porque la defensa de la justicia y la legalidad en el país la hace el fiscal. No hay respuesta porque al fiscal le compete promover juicios por delitos de atentado contra las autoridades. No hay respuesta porque al fiscal le corresponde nombrar fiscales en las instancias de justicia clave. No hay respuesta porque al fiscal le compete velar por el cumplimiento de los términos de las concesiones de servicios y activos del Estado. No hay respuesta porque es el fiscal quien debe investigar el delito y promover la acción penal. Y no hay respuestas porque el fiscal debe actuar de oficio o a petición de parte y esto... ¿efectivamente lo hace?</p><p>&nbsp;</p><p> ¡Qué importante es ese cargo! Es la exclamación que cualquiera hace. Sí, es muy importante para que todos los ciudadanos tengamos confianza en el Estado constitucional, democrático y de derecho; para que todos tengamos certeza del funcionamiento del Gobierno en los términos que establece la Constitución; para que todos tengamos certeza de que el Gobierno y el Estado responden a lo establecido legalmente.</p><p>Y para que todos tengamos certeza de que se respetan y garantizan los derechos y las obligaciones de todos, sin excepción alguna. Es muy importante para asegurar que el ingreso a la función pública no es para “componerse” ni para salir de problemas. Es muy importante para asegurar que todos, absolutamente todos los funcionarios públicos hacen evidente el compromiso con la honradez y la transparencia. Y que esto se investiga de oficio y a petición para asegurar los intereses de la sociedad y del Estado.</p><p>&nbsp;</p><p>Pero... dicen por allí, por acá y por diferentes lados, que la práctica partidaria, esa de negociaciones oscuras e interesadas en las elecciones de funcionarios de segundo grado, tiene como resultado el sentar en la silla de esa fundamental institución, llamada Fiscalía General de la República, a alguien de quien se tenga certeza que no va a asumir efectivamente lo que la ley le manda. Alguien que se va a inventar una y mil razones para no hacer lo que la ley le manda.</p><p> No hay dinero... no hay fiscales... hay sobrecarga... etcétera. Alguien se hará del ojo “pacho”. Y con esto... el enriquecimiento ilícito, la impunidad y la corrupción son el pan de cada y todos los días. Y con esto, se dice también, que las cuotas de poder partidario se utilizan para ayudar a los amigos y cuidarse de los adversarios.</p><p>&nbsp;</p><p> ¿Entonces? Anunciaron la consulta sobre la Ley de la Función Pública, iniciativa que cuenta con el apoyo de AECID y USAID. Se justificó por el carácter del Estado, social y democrático de derecho. Se justificó por el reconocimiento y respeto a derechos y garantías constitucionales que fácilmente llegan a 62 entre individuales, sociales y civiles. Se justificó por el bienestar social. Y se justificó para erradicar el clientelismo partidario en la administración pública.</p><p> ¿Será posible? Indiscutiblemente es una iniciativa que debe verse con lupa.</p>

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