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¿Y la Ley del Agua?

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Las recientes noticias sobre la contaminación del agua potable en distintos puntos de la zona metropolitana de San Salvador, el tiempo de respuesta y la forma en la cual las autoridades administrativas competentes reaccionaron ante dicha crisis son prueba de la necesidad de fortalecer y mejorar el marco normativo en relación con el uso, provisión y manejo del agua. Lo anterior, con el objeto de garantizar una mejor calidad, distribución y utilización de la misma.

La Sala de lo Constitucional ha afirmado que "el derecho al agua se adscribe interpretativamente al derecho al medio ambiente, en relación con los derechos a la vida y a la salud". En consecuencia, ese derecho implica derecho al goce, preservación y protección ante amenazas, y el "derecho de toda persona a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico". Lo anterior, según la Sala, exige que la misma "no debe contener microorganismos ni sustancias químicas o de otra naturaleza que constituyan una amenaza para la salud de las personas". Consecuentemente, el acceso a agua potable, por cañería, a nivel rural o urbano, es un derecho fundamental exigible.

Actualmente, el agua como recurso hídrico está regulada por distintas normativas, tales como la Ley de Medio Ambiente (LMA), la Ley de Riego y Avenamiento (LRA) y la Ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), las cuales establecen competencias a diversas autoridades administrativas en relación con su uso, gestión, protección, provisión y manejo.

La LMA establece que le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente supervisar la calidad y disponibilidad del recurso hídrico a la población nacional. La LRA establece que el Ministerio de Agricultura tiene la competencia de preparar y realizar los estudios, investigaciones, proyectos, planes y programas de aprovechamiento de recursos hidráulicos con fines agropecuarios. Por último, la Ley de la ANDA establece que esta tiene por objeto proveer y ayudar a proveer a los habitantes de la república de acueductos y alcantarillados.

Sin embargo, actualmente nuestro ordenamiento jurídico no cuenta con una norma que de forma general regule el uso, gestión, protección, provisión y manejo del agua, ni tampoco existe una entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del resto de autoridades. Ello ha permitido la falta de responsabilidad de los funcionarios en asegurar la recolección y potabilización del agua, en su acceso y distribución. Recientemente el juzgado de medio ambiente ha iniciado de oficio una tardía investigación sobre la crisis del agua. Ojalá en su resolución establezca responsabilidades.

Con el propósito de suplir la anterior omisión, han sido presentados a la Asamblea distintos proyectos de una Ley de Agua, con el objeto de garantizar el uso eficiente y sostenible del agua, y de dirimir los conflictos de competencia que pudieren generarse.

Como Centro de Estudios Jurídicos, instamos a los diputados para que discutan con seriedad técnica y aprueben una buena Ley de Agua, que garantice el derecho humano de acceso al agua. Debe prestarse atención en la recolección y potabilización de agua lluvia, la protección de las cuencas hidrográficas y su reforestación. Por supuesto, lo anterior deberá ir acompañado de más y mayores inversiones públicas en la infraestructura necesaria para que ANDA tenga las instalaciones adecuadas y necesarias para la prestación de un servicio de calidad.

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