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¿Y las pensiones para los longevos?

Quienes se han preocupado verdaderamente por buscar las alternativas que satisfagan en mejor forma las ventajas para los trabajadores del sistema de pensiones, posiblemente no han considerado a los que Dios ha bendecido con una longevidad superior a los 80 o 90 años, puesto que un ingreso vitalicio a duras penas podría alcanzar para vivir dignamente menos de un par de décadas, esto si cuentan con la ayuda de hijos o nietos con su comidita y acaso un techo, indudablemente no tuvieron tiempo de pensar en el constante incremento del costo de vida y la galopante inflación de nuestros tiempos y del futuro inmediato, probablemente ninguno de los expertos e interesados en la reforma a la Ley de Pensiones se encuentre al borde de los 70 años de edad, ni los diputados cuando les toque votar para la legislación correspondiente, por lo que no estarán sufriendo en carne propia esta necesidad de incremento en las pensiones, de lo contrario pondrían el grito en el cielo.
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Es posible que se esté previendo aumentar el número de asilos para ancianos con dineros del Estado o incluir en la reforma a la ley la obligación a descendientes directos de estas personas a que los mantengan, cualquiera que sea su condición económica, realmente serían disposiciones no muy acertadas que digamos, pero hay muchos casos en que tales familiares han emigrado, han fallecido, están desempleados y un sinfín de causas que no les permitiría cumplir ese compromiso legal; podría pensarse que todos estos señores involucrados en el tema consideren que son muy pocos este tipo de ancianos y no valga la pena quebrarse la cabeza para buscarles solución, sin tomar en cuenta que la ciencia, la tecnología y las vitaminas puedan curar enfermedades que antes no tenían solución o alargar la vida, pese a que Dios ya le señaló su día a cada quien desde que nace.

Valdría la pena, aunque fuese por curiosidad, saber por qué razón en la Ley de Creación del INPEP se estableció en el art. 73 A, reforma del 94, la “revaluación anual”, según estudios actuariales que señalarían el porcentaje, aunque nunca se ha cumplido tal disposición; por otra parte la Ley del Sistema de Ahorros y Pensiones (SAP), que dio vida a las AFP, indicó en el art. 210, ref. del 98, se pedía al Ministerio de Hacienda un incremento del 6 % a las pensiones vigentes, se solicitaría a los interesados verificar esta información y a la vez preguntar a quienes legislaron en esas épocas si tomaron en cuenta la existencia de la inflación y que el valor adquisitivo del dinero se reduce año con año o simplemente por filantropía del Estado o por quedar bien con los trabajadores, aun cuando debió obligarse a realizar estudios actuariales para estos fines al menos cada cinco años.

Ideas pueden surgir, lo importante es la voluntad o el deber de hacer estudios que permitan concluir en realidades, a vía de ejemplo simulado, aumentar el monto de las cotizaciones en X % a los trabajadores a partir de los 10 o 15 años de estar en el sistema, únicamente para cubrir las revaluaciones de las pensiones después de la primera década de estar gozando de ese beneficio, lo que eximiría de ese pago a quienes fallecieran a temprana edad por diversas causas; por supuesto se trata de una inquietud, los actuarios darían la realidad promedio a fin de cubrir parte de los costos, adicionalmente los intereses justos de los préstamos del fondo o inversiones racionales de los administradores del dinero ahorrado por los trabajadores.
 

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