¿Y para qué sirve?

¿Para qué sirve este tribunal? Son incapaces de satisfacer las expectativas ciudadanas de hacer cumplir el artículo n.º 1 de la Constitución de la República que establece que el Estado está organizado para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común.
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Dice la Constitución de la República que el Estado es soberano y que la soberanía reside en el pueblo que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites establecidos en la misma. El soberano es la “autoridad máxima”, es la instancia donde reside el poder político y tiene un gobierno, que guía y dirige que es y debe ser, republicano, democrático y representativo.

En la compleja estructura administrativa del gobierno, hay cinco instituciones que tienen sentido y razón de ser por velar por el interés del soberano ciudadano: la Corte de Cuentas de la República, la Fiscalía General de la República, el Instituto de Acceso a la Información Pública y dos tribunales, el Tribunal de Servicio Civil y el Tribunal de Ética Gubernamental. Estas cinco instituciones gastan anualmente casi cincuenta millones de dólares del presupuesto que se justifica porque tienen que asegurar eficacia y probidad, el interés de la sociedad, la transparencia y la rendición de cuentas, la meritocracia y competitividad y la ética. Cada una tiene su propia ley y reglamento y todas deben combatir la corrupción.

La Ley de Ética Gubernamental entró en vigor en julio de 2006 y el segundo considerando la justifica para “dar cumplimiento, entre otras, al artículo 1 de la Constitución, a la Convención Interamericana contra la Corrupción, a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y al Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica”. Considera también que “establecer un adecuado régimen de ética gubernamental es fundamental para el desarrollo de la institucionalidad democrática del país, la correcta administración del patrimonio público, el combate a la corrupción y la eficiencia de la administración pública”.

La ley se aplica a “todos los servidores públicos, permanentes o temporales, remunerados o ad-honorem, que ejercen su cargo por elección, nombramiento o contrato, y que presten servicio en la administración pública, dentro o fuera del territorio nacional”. Es de aplicación generalizada, nadie queda exento ni por nivel jerárquico ni por cuestión de afiliación política partidaria. Y en su cobertura incluye a otros: “las personas que, sin ser servidores públicos, administran bienes o manejan fondos públicos”. Todos están obligados a la Ética gubernamental y a rendir cuentas de los recursos públicos que administran. Esto lo dice la ley.

La ley y la instancia que la debe hacerla cumplir tiene 13 principios. Destaco cuatro: la supremacía del interés público que la ley la entiende como “anteponer siempre el interés público sobre el privado”; la transparencia entendida como el “actuar de manera accesible para que toda persona natural o jurídica pueda conocer si las actuaciones del servidor público son apegadas a la ley, a la eficiencia, a la eficacia y a la responsabilidad”; la legalidad concebida como el “actuar con apego a la Constitución y a las leyes dentro del marco de sus atribuciones; y la rendición de cuentas que la ley entiende como “rendir cuentas de la gestión pública a la autoridad competente y al público”.

El artículo n.º 8 de la ley establece que “se presume legalmente que existen beneficios indebidos en los casos de aceptación o solicitud de cualquier bien o servicio de valor económico, u otras ventajas adicionales”. Ante esto el Tribunal de Ética Gubernamental, ente rector de la ética pública y encargado de velar por el cumplimiento de la ley, atenta a los intereses del ciudadano al favorecer al primer presidente de izquierda en la Asamblea Legislativa eximiéndole de hacerle una investigación por un posible conflicto de interés en la empresa Terrenos e Inversiones (TERREIN) S. A. de C. V. (LPG, 14 y 16.04.15 y muchos otros).

Con lo que ha dado de qué hablar este caso criticable desde todo punto de vista, cualquier ciudadano letrado comprensivo fácil y rápidamente se pregunta ¿para qué sirve este tribunal? Tiene un mandato legal claro pero nunca evidencia de cumplimiento. Publicita casos que son irrelevantes. ¿Para qué sirve este tribunal? Son incapaces de satisfacer las expectativas ciudadanas de hacer cumplir el artículo n.º 1 de la Constitución de la República que establece que el Estado esta organizado para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Entonces ¿para qué gastar en $2.3 millones anuales? En crisis financiera, reorienten los recursos. Se puede vivir sin Tribunal de Ética Gubernamental.

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