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Y ¿quién lo hace?

El derecho a la salud de todos los habitantes debe prevalecer sobre el derecho sindical.

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Sandra de Barraza - Columnista de  LA PRENSA GRÁFICA

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La suciedad acumulada vuelve a convertirse en EL paisaje de la ciudad de San Salvador. Los empleados sindicalizados de la comuna, incapaces de reconocer la importancia de su trabajo, recurren a la peor forma de presión para “hacer valer sus derechos”. Luchan por SUS derechos laborales, afectando el derecho a la salud de todos los residentes en el municipio. ¿Se vale? Nada ni nadie puede justificar este proceder, especialmente cuando estamos en pandemia.

La Constitución de la República reconoce el derecho de asociación en el artículo número 47: los patronos y trabajadores, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas, y cualquiera sea su actividad o la naturaleza del trabajo que realicen, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa de sus respectivos intereses. Gozan de este derecho los trabajadores privados y los de instituciones oficiales autónomas, los funcionarios y empleados públicos y los empleados municipales.

La misma Constitución, en su artículo 48, reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, SALVO en los servicios públicos esenciales determinados por la ley. ¿Cuáles son los servicios públicos esenciales? Seguramente son todos aquellos relacionados con los que el Estado tiene obligación de asegurar a todos los habitantes de la República:  libertad, salud, cultura, bienestar económico y justicia social.

Con esto claro, los sindicalistas y todos los que colaboran por acción o por omisión con esta forma de presión están irrespetando derechos fundamentales reconocidos a todos los habitantes y están irrespetando las limitaciones que la misma Constitución de la República les establece. ¿Quién vela por los intereses de la mayoría? ¿A quién le interesan los derechos de la gran mayoría? Hay que preguntarlo porque no se vale que derechos de pequeños grupos prevalezcan sobre derechos de las grandes mayorías. ¿O sí?

Con la salud está relacionado el sistema de recolección y tratamiento de desechos sólidos y líquidos. El Código de Salud, vigente desde 1988, responsabiliza en el artículo 56 al Ministerio de Salud de desarrollar programas de saneamiento ambiental que incluyen el abastecimiento de agua potable, la disposición adecuada de aguas servidas, la eliminación de basuras y desechos, el saneamiento de lugares públicos y, entre otros, la eliminación y control de la contaminación del agua de consumo, del suelo y del aire. Esto, legal y orgánicamente, es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. ¿Qué pronunciamiento tiene el MINSAL sobre el tema? La salud no se reduce al covid-19.

El Código Municipal vigente desde 1986 establece en el artículo 4 que compete al municipio “la promoción y desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental, prevención y combate de enfermedades”. El Código Municipal establece competencia de manera general, sin la especificidad que tiene el Código de Salud para el Ministerio de Salud. Y debe tenerse claro que la competencia municipal no afecta las atribuciones conferidas a otras entidades de la administración pública, así lo establece el artículo número 5 del Código Municipal. Esto significa que, aunque a los gobiernos municipales tengan competencia, sigue siendo el Ministerio de Salud el responsable. ¿Y entonces?

Constitucionalmente el derecho a la salud de todos los habitantes debe prevalecer sobre el derecho sindical. El servicio de recolección y tratamiento de desechos sólidos y líquidos, por las implicaciones que tiene en la salud, no debe tolerar huelgas, paros ni cosa que se le parezca de parte de los trabajadores en los 262 municipios del país.

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