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¿Y si la multa o deuda tributaria es ilegal?

El 6 de abril de este año, el ministro de Hacienda presentó a la Asamblea el proyecto de “Ley para el Cobro de las Deudas Tributarias y Multas a favor del Estado”.
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En los considerandos de ese proyecto, el ministro de Hacienda hace un sucinto diagnóstico sobre el estado actual de las mismas. Dice: “Actualmente el modelo de recaudación o cobro de los tributos y multas a favor del Estado carece de los elementos necesarios para la consecución de sus objetivos, lo que limita significativamente la recuperación de la deuda, dado el uso de mecanismo dilatorios, artificiosos o abusivos por parte de los sujetos obligados, que eluden, retardan y evaden el pago de tributos y multas”.

Por ello el anunciado objeto de ese proyecto de ley es hacer más eficiente el cobro de esas multas y deudas tributarias. Debemos señalar que coincidimos con el ministro de Hacienda en que es fundamental ese esfuerzo; y añadimos que este debe ajustarse al respeto de los principios y derechos previstos en la Constitución. De manera que el fin legítimo que persigue esa iniciativa no justificaría en ningún caso transgresiones constitucionales.

Los diputados miembros de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea son los primeros que están obligados a examinar esa iniciativa de ley a través del filtro de la Constitución. Nosotros aún no nos pronunciamos tajantemente sobre ello pues preferimos concluir los análisis que ya estamos efectuando, pero sí advertimos, desde este momento, que la iniciativa del ministro de Hacienda es incompleta. Solo se considera un lado de la moneda.

Los funcionarios no son infalibles. Cuando imponen multas o determinan cargos tributarios pueden equivocarse. Y en esos errores pueden violar derechos de los administrados y contribuyentes. Es precisamente por ello que estos tienen la oportunidad de impugnar esas decisiones ante tribunales judiciales.

Así puede ocurrir que en esos juicios se determine que los funcionarios cometieron una ilegalidad o inconstitucionalidad al imponer cierta multa o cargo tributario. ¿Pero qué pasa si esa sentencia llega dos, cinco o siete años después de que el contribuyente ya efectuó el pago?

Los artículos 34 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y 35 de la Ley de Procedimientos Constitucionales establecen que en esos casos procede la indemnización por daños y perjuicios. Y esa indemnización –tanto en sede contencioso administrativa como constitucional– no debe pagarla el Estado (léase, los contribuyentes), sino la persona natural que ocupaba el cargo cuando se cometió la infracción. El funcionario –o exfuncionario en ese momento– debe pagarla de su bolsillo. Y solo si con esto no alcanzase a pagar la indemnización, entonces subsidiariamente pasará el Estado a cubrir el remanente.

Esto ocurre a menudo. Ambas salas determinan que al consumarse la violación cometida por ciertos funcionarios al imponer una multa o un cargo tributario, estos deben responder por ello ante el afectado. Pero para convertir esa indemnización en realidad es preciso iniciar, posteriormente, un ineficiente proceso común para liquidar daños y perjuicios, y luego debe iniciarse el engorroso trámite judicial para lograr que el funcionario responsable de la violación pague lo que debe al administrado o contribuyente víctima de su transgresión.

De ese modo, en la práctica resulta muy difícil –si no imposible– que el funcionario que firma una resolución imponiendo una multa o cargo tributario lesivo a los derechos de un administrado o contribuyente finalmente responda indemnizando a la víctima por el error cometido.

Por ello, como mínimo consideramos que un esfuerzo por hacer más eficiente el cobro de las multas y deudas tributarias debe ir aparejado de uno por hacer lo propio respecto al pago de las indemnizaciones que corresponde pagar a los funcionarios que violan derechos de los administrados y contribuyentes.

Tags:

  • deuda
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