Ya está en funciones el nuevo Fiscal General de la República, y ahora viene esperar que dicha elección responda en los hechos a lo que el país requiere

Esta nueva gestión fiscal llega, pues, con un aval unánime de las fuerzas políticas y con la expectativa vigilante de una ciudadanía que quiere con todo derecho que la ley se imponga y que la seguridad se instale en la vida cotidiana, como debe ser.
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Ayer, en una Sesión Plenaria Extraordinaria, la Asamblea Legislativa eligió con el apoyo de todos los partidos al abogado Douglas Arquímides Meléndez como Fiscal General de la República, luego de que a finales del pasado año concluyera el período del Fiscal anterior. Dicha elección ha tenido un retraso que ya se hizo tradicional cuando para elegir se requiere mayoría calificada en la Asamblea; y la experiencia indica, en primer lugar, que las dos fuerzas principales, sin cuyo aporte no es posible conseguir dicha mayoría en la legislatura actual, y prácticamente así será siempre si los balances partidarios naturales se mantienen, tendrían que desarrollar un método de consenso que pueda aplicarse a todos los casos que se presenten. Según las prácticas actuales, la improvisación apremiante es la que tiende a imponerse, con los riesgos que eso acarrea.

En este caso, pareciera que luego de tantos forcejeos y vacilaciones se llegó a un resultado satisfactorio, que parte del hecho de que todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa se pusieron de acuerdo sin necesidad de negociar, al menos explícitamente, pues al final la decisión se decantó a favor del postulante que aparecía en las listas de selección de todos los partidos. Dicha unanimidad debería ser una sólida base para el mejor accionar de la institución fiscal en el tiempo por venir.

En lo que se refiere al Fiscal elegido es de destacar, en primer término, su larga y abundante experiencia de 16 años dentro de la institución que hoy le toca dirigir. Dicha experiencia tiene puntos muy significativos, como haber tenido la jefatura de la Unidad Anticorrupción y Delitos Complejos, y también de la División de la Defensa de los Intereses del Estado. También es relevante su rol como fiscal específico de la Unidad de Derechos Humanos y de la Unidad de Delitos Especiales, habiéndose encargado en esta última posición de casos contra el crimen organizado, específicamente en el tema de secuestros, cuando este delito cobró auge allá a fines de los años 90.

La hoja profesional del nuevo Fiscal da pie para tener confianza básica en que el desempeño del funcionario que llega estará en línea con lo que la lucha contra el crimen demanda. No olvidemos que al Fiscal General le corresponde constitucionalmente “defender los intereses del Estado y de la sociedad”, “promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad” y “dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determine la ley”, entre otras atribuciones. Es un trabajo decisivo, que demanda capacidad, independencia, valentía, responsabilidad y buen juicio. En el acto de elección el nuevo Fiscal se comprometió a la transparencia y a la lucha sin sesgos contra la corrupción.

Esta nueva gestión fiscal llega, pues, con un aval unánime de las fuerzas políticas y con la expectativa vigilante de una ciudadanía que quiere con todo derecho que la ley se imponga y que la seguridad se instale en la vida cotidiana, como debe ser. El funcionario entrante estará en la mira desde el primer momento de su actuación. Y hay que hacer votos para que la tarea se cumpla en función del país y al servicio del bien común. Una Fiscalía verdaderamente actuante y generadora de credibilidad es un componente básico del nuevo esquema de funcionamiento institucional que tanto necesitamos.

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