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Ya hay Presupuesto General aprobado, pero continúan las incógnitas sobre el financiamiento total de las responsabilidades estatales

Volvemos aquí, pues, al punto de partida en lo que al manejo sano de la gestión institucional se refiere: la habilitación de consensos responsables en todo aquello que signifique servicio al bien común y a los intereses ciudadanos, por encima de las naturales diferencias.
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Luego de un prolongado forcejeo, que se inició cuando el Ejecutivo, según mandato constitucional, presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2017, éste por fin fue aprobado la noche del pasado miércoles por 49 votos, sin la concurrencia del principal partido de oposición, ARENA, que había solicitado una serie de reformas al documento presentado a fin de sincerarlo financieramente en lo tocante a las obligaciones por cumplir y al fondeo de las mismas. Esto generó un intenso ejercicio de opiniones y propuestas, que, al estilo de lo que viene pasando en el plano de las relaciones e intercambios políticos, resultó más acalorado que argumental, lo cual fue alejando la posibilidad de llegar a un Presupuesto de consenso, como hubiera sido deseable para asegurar el fluido desempeño presupuestario a lo largo del año, que es de lo que se viene careciendo desde hace bastante tiempo.

El Gobierno y su partido gobernante optaron por la vía de sumar los votos de los partidos minoritarios, con los cuales es posible llegar a la mayoría simple que se requiere para la aprobación del Presupuesto. Este es un recurso que se ha venido utilizando tradicionalmente, porque siempre ha sido muy difícil que los dos partidos mayoritarios se pongan de acuerdo al respecto. Así se vio cuando ARENA gobernaba y se sigue viendo hoy que gobierna el FMLN. Y el punto está en que el desfinanciamiento presupuestario, que es un mal crónico, exige endeudamientos en el camino, para los cuales se requiere mayoría calificada, y si eso se reconoce de inicio no se podría aprobar el Presupuesto sin el concurso de dicha mayoría. De ahí los artificios tan usuales para fingir Presupuestos equilibrados y financiados que no lo están.

En esta ocasión, las cosas se le complicaron más al Gobierno porque los partidos minoritarios no se avinieron a dar sus votos sin lograr ajustes en el proyecto presentado, porque algunos de los compromisos no contemplados en el proyecto original generan reclamos populares muy sensibles, como son los escalafones, las pensiones y el servicio a los veteranos de guerra. Y así fue cómo el Gobierno tuvo que abrirse, aunque fuera a medias, a la incorporación de ajustes sinceradores. Sin embargo, lo que siguió quedando en el aire fue el tema fundamental del financiamiento pleno, lo que deja abierta la puerta para la petición de más deuda en el futuro próximo, con lo cual la conflictividad simplemente se difiere.

Como hemos dicho cada vez que se ha presentado el conflicto presupuestario de cara a un año que inicia, el contar con un Presupuesto General aprobado a tiempo permite más normalidad en el desempeño de los distintos quehaceres públicos; pero eso no significa que haya que resignarse a las ficciones financieras, que al final siempre resultan más costosas que la sinceridad. Desde luego, para lograr que ésta se imponga como regla constante es fundamental que haya entendimientos y comprensiones partidarias de base. Volvemos aquí, pues, al punto de partida en lo que al manejo sano de la gestión institucional se refiere: la habilitación de consensos responsables en todo aquello que signifique servicio al bien común y a los intereses ciudadanos, por encima de las naturales diferencias.

Sólo una sinceridad bien administrada, y no sólo en este punto sino en todos, hace posible un desempeño sin conflictividades recurrentes.

Tags:

  • presupuesto 2017
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