Ya hay otra tormenta política en el ambiente provocada por la intención gubernamental de reformar el sistema de pensiones

Si se buscara hacer una modernización desinteresada del sistema tendría que comenzarse por generar un ejercicio de criterios técnicos que pudieran ser balanceados con las condiciones de la realidad, teniendo siempre en el primer plano de la mira los intereses de los trabajadores cotizantes.
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En nuestro país los temas de mayor trascendencia para la sociedad en general nunca se han tratado en la forma racional y consistente que conduce a soluciones satisfactorias y sostenibles. Eso ha hecho que vivamos siempre al borde de la crisis, con las amenazas y ansiedades que eso acarrea. Para colmo de males, dicha forma irresponsable de actuar invita a la contaminación política de todas las cuestiones importantes, haciendo más dificultosos aún los tratamientos de las mismas. Si se tuvieran previsiones oportunas y se activaran manejos efectivos, no se llegaría al punto en que lo urgente se sobrepone a lo razonable. Es lo que está pasando ahora mismo con la situación previsional, de la que tanto se ha abusado sobre todo desde el ángulo estatal.

Hay que partir de un hecho básico: los fondos de pensiones les pertenecen a los cotizantes del sistema. Son los trabajadores los que aportan constantemente para asegurar su retiro futuro. Antes teníamos un sistema público, que en 1998 se convirtió en sistema privado, en el que cada cotizante tiene su cuenta personal con lo que ahorra progresivamente. El Estado siempre se ha aprovechado de los fondos de pensiones para obtener recursos fáciles en condiciones muy ventajosas para sí mismo en detrimento del interés de los cotizantes. Basta comparar lo que paga el Estado por los fondos que recoge por esta vía con lo que se obtendría si dichos fondos estuvieran colocados en el mercado para darse cuenta de dicho aprovechamiento abusivo.

La reforma de pensiones propuesta se ha cocinado sigilosamente, lo cual aumenta las sospechas de que se trata de un mecanismo destinado fundamentalmente a resolver problemas financieros del Gobierno. Si se buscara hacer una modernización desinteresada del sistema tendría que comenzarse por generar un ejercicio de criterios técnicos que pudieran ser balanceados con las condiciones de la realidad, teniendo siempre en el primer plano de la mira los intereses de los trabajadores cotizantes. Pero todo indica, hasta el momento, que se irá por la tortuosa vereda de los arreglos partidarios de ocasión, si es que no se llega al madrugón sorpresivo, como tantas veces ha ocurrido irresponsablemente en asuntos de capital importancia.

Si las cosas se dieran en esa forma temida de seguro vendrían de inmediato los recursos correctivos, con lo cual se estaría activando esa nueva tormenta política cuyos nubarrones se ven ya en el horizonte inmediato. Aun es tiempo de hacer las cosas como debe ser, para no agregarle trastornos a un esquema de manejo institucional que ya tiene demasiadas presiones acumuladas. El tema previsional, como bien dicen los expertos, no se debe ver sólo desde el punto de vista financiero, y mucho menos cuando las angustias por la escasez crónica de recursos estatales hacen que se quiera rascar donde sea, sin medir las consecuencias.

El Estado tiene que ordenarse en un equilibrio ineludible: propiciar responsablemente más ingreso sostenido y controlar el gasto conforme a criterios de sana austeridad. En vez de estar raspando la olla se tendría que asegurar que haya constantemente sustancia para cocer. Y esto último sólo puede lograrse con un efectivo, suficiente y sostenido crecimiento económico.

Es clarísimo que cuestiones como esta son multidimensionales, y que sólo desde una perspectiva integradora es factible tratarlas en serio. Que no se siga cayendo en lo de siempre, porque entonces seguiremos en lo de siempre: cada vez menos rutas abiertas hacia el auténtico progreso.

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