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¿En qué quedamos? 2/2

La ley de asocios público-privados es un compromiso del Gobierno suscrito en el Asocio para el Crecimiento para reducir costos de producción y mejorar la competitividad.
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El proyecto de ley de asocios público-privados excluye cuatro sectores: salud, seguridad social, seguridad pública y educación formal. Pero en educación formal los asocios vienen funcionando desde hace mucho tiempo como son los casos de los Institutos Tecnológicos que son administrados por distintas organizaciones no gubernamentales. Y desde hace años funcionan asocios para educación básica y media en centros que son administrados por órdenes religiosas y tienen transferencias, vía subsidio o subvención, del MINED. Estos son asocios que están fuera del proyecto de ley, pero son asocios.

Además, hay otros asocios que tienen que ver con salud. Varias municipalidades han creado empresas con particulares del municipio para la prestación de servicios de agua potable. Esto también es un asocio. En el caso de seguridad pública, esta semana han anunciado el asocio del Ministerio de Justicia y Seguridad con la empresa Alba Alimentos, con 30,000 socios, que están aportando $250,000 para que las granjas de centros penales funcionen. Alba Alimentos las financia con el compromiso de apoyarles con la comercialización. Esto es un asocio público-privado.

Con estos ejemplos quiero destacar que los espacios para asocios público-privados son amplios y diversos. Y aun con excepciones que no deberían existir porque este proyecto de ley debería normar de manera general todos los espacios, se definen y precisan tres modalidades.

En la primera modalidad, la institución contratante (ministerios, autónomas o alcaldías) entrega al privado bienes u obras materiales de dominio público para que el privado construya, amplíe, equipe, repare o mantenga una obra a ser explotada y destinada a brindar un servicio público mediante una concesión de obra pública. En esta modalidad se dan dos casos: cuando el Estado entrega bienes u obras materiales que tienen naturaleza de bien nacional de uso público y cuando entrega bienes u obras materiales que tienen naturaleza de bienes fiscales.

En el primer caso de la primera modalidad, es la Asamblea Legislativa la que aprueba la concesión y el proyecto se somete a la fiscalización de la Fiscalía General de la República para asegurar el cumplimiento de los requisitos, condiciones y finalidades aprobadas por la Asamblea Legislativa.

El proyecto de ley, según se lee, respeta el mandato que la Constitución de la República le atribuye a la Asamblea Legislativa en los artículos 120 y 131. La Asamblea no tiene atribuciones en los asocios que tienen que ver con bienes fiscales. Busqué en la página web del Gobierno el registro de los bienes fiscales, localicé 122 menciones, intenté ingresar y nada. ¿Hay problema de acceso a información?

En la segunda modalidad, los privados destinan bienes propios para brindar un servicio público mediante concesión de servicios públicos. Tiene dos casos: cuando el asocio no afecta los bienes privados y, por tanto, no son transferidos al Estado al término del asocio; y cuando el asocio afecta los bienes privados y, por tanto, pasarán al Estado al finalizar el asocio. En este segundo caso, corresponde a la fiscalía firmar el contrato de asocio. Esta es la modalidad “construya, opere y transfiera”. Es el llamado Build, Operate and Transfer (BOT).

En la tercera modalidad, el asocio implica la explotación o ejecución de una actividad de interés general. Se dan dos casos: cuando el privado explota los bienes fiscales, incluyendo los pertenecientes a instituciones autónomas o municipalidades; y cuando el privado destina sus propios recursos. Tres modalidades plantea el proyecto de asocios público-privados pero desde hace mucho hay experiencias. A las mencionadas agrego las de transporte público de pasajeros, en generación de energía, producción y comercialización de azúcar... Y ¿qué más? El proyecto de ley crea el Organismo Fiscalizador de Asocios Público-Privados (OFAPP) como institución de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, de carácter técnico y con autonomía administrativa. Este organismo debe fiscalizar técnicamente los asocios. No asumen la tarea en su totalidad, ya que “en las áreas en las que existiere ente regulador o fiscalizador sectorial, las potestades de la OFAPP serán ejercidas por tales entes”.

La ley de asocios público-privados es un compromiso del Gobierno suscrito en el Asocio para el Crecimiento para reducir costos de producción y mejorar la competitividad. Se tiene una buena excusa y responsabilidad para estimular la inversión privada.

Tags:

  • via subsidio
  • Alba Alimentos
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