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¿Igualdad en derechos?

Diferentes sectores de la sociedad, con frecuencia, señalan derechos supuestamente vulnerados, a través de marchas de protesta, paros, bloqueos de vías; es una agresión tácita a la población deseosa de movilizarse y acudir a sus trabajos, un tejido vulnerable por su escasez de recursos.
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Lo irónico del caso es que a quienes va dirigido el reclamo, comúnmente instituciones estatales, no se ven afectados por la presión; son los trabajadores los receptores inmediatos del daño. Además, la respuesta para atender estas alteraciones del orden tiene un curso lento, como actúan los canales burocráticos.

Estos protestantes, en nombre de una sociedad que regularmente no los respalda, se parapetan en derechos para su beneficio, pisoteando los de los demás. Las huellas de sus recorridos son notorias: paredes manchadas, panfletos confrontativos, agresiones a las autoridades y la prensa. Sus actitudes se desestiman porque coartan los derechos de las mayorías. Un desequilibrio constante e injusto.

Asociaciones gremiales, excombatientes, sindicalistas, vendedores informales, buseros, comunidades, paralizan a su antojo la actividad laboral, afectando a niños y adultos mayores. La Policía Nacional Civil lucha para que los manifestantes cedan al menos un carril, en especial en áreas estratégicas.

Hasta instituciones de la salud y de vitales servicios recurren a estas medidas, en ocasiones con fundamentos válidos, pero aprovechadas por grupos para obtener privilegios.

Deseamos conocer, variando la temática, hoy que existen organismos que auditan la función estatal y velan por la transparencia, informes claros de cuánto del presupuesto general de cada institución se destina para salarios y “prestaciones” y cuánto se invierte en infraestructura y atención de sus beneficiarios. Debe haber congruencia y realidad de país.

Otra reflexión, ¿por qué existen varios sindicatos en una misma institución? Nos agradaría que aquellos centros que prestan servicios esenciales a la población diesen cabida a comisiones integradas por beneficiarios para la defensa de sus intereses.

Este año arribaremos al trigésimo aniversario de nuestra Constitución y, hoy más que nunca, fragmentos esenciales de la misma deben recalcarse: El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado (art. 1) y todas las personas son iguales ante la ley (art. 3). Ellos deben tener real cumplimiento.

Sectores sociales, de una manera especial el político y lamentablemente el jurídico, no cumplen con el cometido de trabajar por todos los salvadoreños y frenar la impunidad.

Por eso es tan importante acatar los fallos de la Sala de lo Constitucional, como tribunal competente y específico. Como una señal democrática que el derecho debe aplicarse sin distingos y privilegios, el cierre del art. 183 alusivo al tema, pone de relieve que cualquier ciudadano tiene la potestad de hacer peticiones a la sala.

Precisamente, de la incorrecta interpretación de las leyes, distorsionadas por la politiquería legislativa, el país no despega, ni los salvadoreños gozan de los derechos constitucionales por igual.

Tags:

  • instituciones estatales
  • panfletos confrontativos
  • asociaciones gremiales

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