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¿Por qué complicar tanto las cosas cuando se pueden manejar normalmente?

En cuanto a la elección de magistrados de la Corte de Cuentas, lo sucedido hace ver que las resistencias a reconocer el imperio de la legalidad siguen haciéndose sentir en las áreas más sensibles del manejo del poder.
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E n su sesión del pasado miércoles, la Asamblea Legislativa tomó dos decisiones que grafican con toda claridad el proceder artificialmente complicado y a ratos tortuoso que sigue haciéndose valer en los más altos niveles de la gestión pública. Por fin fue autorizado el direccionamiento de fondos disponibles de la emisión de bonos, para financiar las elecciones presidenciales próximas; y fueron elegidos los miembros de la Corte de Cuentas de la República, luego de que la Sala respectiva declarara la inconstitucionalidad de la elección anterior.

El tema del financiamiento de las elecciones fue incorporado inicialmente en un paquete de $85 millones que el Ejecutivo solicitó que fueran tomados de los $400 millones disponibles de la emisión de bonos aprobada a finales del pasado año. Desde el principio resultó desconcertante que no hubiera dinero previamente reservado para las elecciones, que son un compromiso totalmente previsible; y mezclar dicha petición con lo solicitado para subsidios hacía aún más curioso el pedido. El tema se politizó de inmediato. Y, al final, luego de la conocida refriega de acusaciones y contraacusaciones, y de que se produjera una ríspida disputa entre el Ministerio de Hacienda y el TSE, se dio al fin la aprobación de fondos el miércoles. Este caso debería servir de ejemplo aleccionador de cómo no se deben hacer las cosas. Y, además, el caso evidencia hasta qué punto está llegando la sequía presupuestaria por falta de la debida disciplina en el gasto.

En cuanto a la elección de magistrados de la Corte de Cuentas, lo sucedido hace ver que las resistencias a reconocer el imperio de la legalidad siguen haciéndose sentir en las áreas más sensibles del manejo del poder.

La Asamblea ha tenido que hacer una nueva elección por efecto de la sentencia que declaró que los magistrados no pueden estar sujetos a dependencia partidaria; pero los intereses de partido no cejan, y, luego de un subterfugio formal, son elegidos dos magistrados que tienen evidente vínculo directo con organizaciones políticas.

La Corte de Cuentas siempre ha sido botín partidario, y esa es una de las distorsiones más dañinas para el proceso democrático en general y para el sano desempeño institucional en particular. Esto hay que corregirlo sin demoras ni pretextos. Veremos en qué desemboca la nueva elección, constitucionalmente hablando. Pero aun en el caso de que la Corte elegida logre mantenerse, ahora estará mucho más sujeta al escrutinio de su función, para que actuaciones vergonzosas como las que se dieron en el pasado no se repitan.

Lo que queremos destacar es que ya es imperativo e inaplazable entrar en una dinámica de gestión pública que se halle estrictamente apegada a la legalidad y se rija por criterios de racionalidad. Todos los que ejercen responsabilidades en los distintos ámbitos de dicha gestión, y especialmente en los más altos planos de los Órganos fundamentales del Gobierno, tienen que tomar conciencia plena de que el trabajo es compartido y de que las viejas tácticas y prácticas deben ser erradicadas en forma definitiva.

La ciudadanía desarrolla una vigilancia cada vez más activa al respecto, y la mejor prueba de ello es que muchas de las intentonas recientes de hacer prevalecer los intereses políticos sobre el imperio de la ley han tenido que echar pie atrás porque la realidad así lo exige.

En todo caso, sigamos pendientes del desarrollo de los acontecimientos.

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