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¿Qué hace falta para elegir, Sr. presidente?

En reiteradas oportunidades, el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) ha reconocido que con la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) se ha dado un paso importante para transparentar la administración de la cosa pública. Pero también ha criticado que la LAIP haya entrado en vigor sin que estuviera constituido el Instituto de Acceso a la Información, el cual según la misma ley es el ente encargado de velar por la aplicación de la normativa.
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Es más, la ley dice que el Instituto es quien tendrá entre otras funciones la correcta interpretación de la ley, garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, conocer y resolver procedimientos sancionatorios, dictar sanciones administrativas, resolver controversias con relación a la clasificación de información reservada y muchas otras más.

La ley también dice que el Instituto estará integrado por cinco comisionados que serán nombrados por el presidente de la República, quien a su vez deberá seleccionarlos de entre ternas propuestas por las asociaciones empresariales, las asociaciones profesionales, la Universidad de El Salvador y universidades privadas, las asociaciones de periodistas y los sindicatos.

Como es sabido, todas estas entidades designaron desde hace más de un año las ternas, pero el presidente se negó a seleccionar a los comisionados, escudándose en una cuestionable disposición reglamentaria que según él se lo permitía. A esto hay que añadir que ni siquiera se explicó cuáles eran las razones por las que las ternas presentadas por estas entidades estaban siendo descalificadas por el presidente.

Hace exactamente dos meses, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales varias de las disposiciones del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información (RELAIP), resolviendo expresamente que el presidente no tiene la facultad de rechazar las ternas que le mandan las entidades que proponen a los comisionados. Tanto el presidente como la Secretaría de Transparencia informaron que darían cumplimiento a lo resuelto por la Sala de lo Constitucional, pero a esta fecha seguimos esperando que ello acontezca.

Los efectos de no contar con el Instituto ya se han comenzado a ver. Hace unos días la Asamblea Legislativa se negó a proporcionar información relacionada con la compra de obsequios a diputados y compras de obras de arte, argumentando que tal información ¡era de carácter confidencial! La LAIP define cuáles son los eventos en que información puede ser catalogada como confidencial y es claro que este no es ni por cerca uno de esos supuestos.

Pero al no contar con el Instituto no hay ante quién apelar, no existe a quién pedirle sanción, no tenemos el ente encargado de interpretar cuáles son los casos en que verdaderamente una información se puede considerar como confidencial.

Experiencias similares estamos viendo incluso en Casa Presidencial, en otras dependencias estatales y en algunos municipios que han demostrado ni siquiera conocer la existencia de la LAIP, con lo cual quedan completamente burlados los derechos de la ciudadanía y el objeto mismo de la ley.

Es insostenible el argumento que hemos venido escuchando que la ley bien puede funcionar sin el Instituto. Lo hemos dicho y ahora repetimos: eso es como que la Ley de Competencia quisiera aplicarse sin la Superintendencia de Competencia, o la Ley de Ética Gubernamental sin el Tribunal de Ética; es en verdad una justificación que ofende. El CEJ hace un enfático llamado al presidente de la República para que de una vez por todas dé cumplimiento a la ley y a lo resuelto por la Sala de lo Constitucional, eligiendo de inmediato a los comisionados que dirigirán el Instituto, como a dotar a este del presupuesto correspondiente para que pueda actuar de forma independiente e imparcial. Buena parte de su gestión será juzgada por su mayor o menor compromiso con la transparencia.

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