¿Qué observamos en estas elecciones?

Una vez más, el CEJ fue acreditado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para poder designar observadores en las pasadas elecciones municipales, legislativas y del Parlamento Centroamericano.
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Gracias a ello el CEJ pudo estar presente en varios de los principales centros de votación en San Salvador, La Libertad y La Paz.

En ese rol pudimos percatarnos por nuestra propia cuenta de muchos de los ya denunciados problemas sobre los cuales en esta oportunidad no insistiremos, limitándonos a exhortar a la Fiscalía General de la República, al Tribunal de Ética Gubernamental, a la Corte de Cuentas y al mismo TSE, que inicien de inmediato las investigaciones correspondientes, que persigan a los comprobados artífices de las irregularidades y que se sancione administrativa o judicialmente a los mismos. La denuncia no basta si esta no tiene consecuencias.

Esta vez nos queremos detener nada más en el fallido escrutinio preliminar, el injustificable retraso del escrutinio final y en la postura adoptada ante esa realidad por el grueso de la ciudadanía.

Sobre lo primero, el Código Electoral señala que el TSE, al recibir la información de las correspondientes actas de cierre que levante cada una de las Juntas Receptoras de Votos, efectuará de inmediato el procesamiento informático de los votos válidos debidamente asignados a cada partido político, coalición y candidato no partidario contendiente, con el objeto de realizar un conteo rápido provisional de la elección; este es el llamado escrutinio preliminar.

Como fácilmente se observa, no se trata de algo que puede o no hacer el TSE sino que es una obligación impuesta por ley. El hecho de que este escrutinio preliminar no se haya hecho no puede tomarse a la ligera sino que debe profundizarse en las razones que lo impidieron, sin que para ello valga seguir invocando la excusa de las supuestas complejidades introducidas por las decisiones de la Sala de lo Constitucional. Tales decisiones pudieron si acaso haber ocasionado otro tipo de problemas, pero ninguna relación de causalidad existe entre estas y la inexistencia del escrutinio preliminar.

El Código Electoral también dice que el TSE está obligado a iniciar el escrutinio final a más tardar dentro de las 48 horas de haberse cerrado la votación, y a finalizarlo con la prontitud posible. Esta obligación ha sido igualmente inobservada ya que el escrutinio definitivo inició mucho tiempo después del plazo de 48 horas impuesto por el Código; y de nuevo nada tiene que ver con esto la alegada complejidad supuestamente introducida por la Sala de lo Constitucional. Tal razonamiento no resiste el menor análisis.

Una vez se conozcan los resultados oficiales, todos los ciudadanos tenemos derecho a saber lo que realmente ocurrió en el TSE; y una vez que lo sepamos tendremos derecho a pedir cuentas y a exigir que se deduzcan las responsabilidades que correspondan.

Con vista en futuras elecciones, es claro que esto no puede ocurrir de nuevo, que debe iniciarse inmediatamente una revisión de las atribuciones del TSE y que debe emprenderse un verdadero esfuerzo por modernizar la manera de ejercer el sufragio y contabilizar los votos. Para ello el TSE y/o las instituciones que a partir de la revisión se formen deben contar con el presupuesto necesario para conducir eficiente y transparentemente los nuevos procesos de elección.

En cuanto a la postura adoptada por la ciudadanía, reconocemos que a pesar de la enorme insatisfacción, frustración, incertidumbre e inseguridad que esto ha generado, no hemos llegado a manifestaciones violentas o exigencias irracionales que en otros momentos de la historia de nuestro país ya se hubieran presentado por mucho menos de lo que ahora está ocurriendo.

Somos ahora ciudadanos exigentes que no vamos a permitir que se atropellen nuestros derechos, pero también somos ahora ciudadanos que encauzan sus exigencias a través de los mecanismos que la ley prevé.

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