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¿Queremos un Estado de Excepción?

Hace unas semanas reconocíamos que los niveles de criminalidad eran verdaderamente alarmantes y que tal situación exigía la adopción de medidas extremas; pero también decíamos que esas medidas, por extremas que fueran, debían estar enmarcadas en la legalidad y debían respetar el Estado de Derecho.
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De ahí que estemos completamente abiertos a discutir y aportar ideas que contribuyan a identificar si la propuesta de decretar un régimen de excepción en nuestro país debe o no ser considerada. Y para ello nos parece importante comenzar desde lo más básico: entender de qué estamos hablando.

Nuestra Constitución prevé que en casos de guerra, calamidad general, graves perturbaciones al orden público y otros supuestos listados por la Constitución, puede decretarse un régimen de excepción. Es nuestra norma fundamental la que prevé la necesidad de aplicar, en circunstancias excepcionales, un derecho también excepcional, que se traduce en la posibilidad de suspender ciertas garantías constitucionales. Lo que se busca con un régimen de excepción es defender la seguridad estatal cuando por motivos extraordinarios se encuentra perturbada o amenazada.

Siendo una medida prevista por nuestro mismo ordenamiento y encontrándonos en una crisis de criminalidad como la que nos encontramos, el debate sobre la conveniencia de la propuesta es necesario. Esto en el entendido que a diferencia de lo ocurrido en el pasado, el régimen de excepción bajo ningún punto de vista legitima el cometimiento de abusos y atrocidades como las que todos queremos olvidar.

De decretarse un régimen de excepción, puede llegar a suspenderse o restringirse la libertad de tránsito, la garantía de libre expresión y difusión del pensamiento, la libertad de prensa, la garantía de libre reunión y asociación y la garantía de la inviolabilidad de la correspondencia y no interferencia en las comunicaciones.

Nuestra Constitución también dice que se puede suspender la garantía que tiene una persona detenida a ser informada de sus derechos y las razones de su detención, así como a ser asistido por defensor; agregando que se puede llegar a extender el período de detención administrativa desde setenta y dos horas hasta por un máximo de quince días.

Lo anterior no significa que siempre que se decrete un régimen de excepción, todas estas garantías deben quedar suspensas o restringidas. La adopción de una medida tan extrema como esta, debe ser proporcional al estado de necesidad que exista, con lo cual deben suspenderse solamente aquellas garantías que la situación imponga y únicamente mientras dure la crisis que se intenta solventar.

Nuestra Constitución establece que este tipo de decisiones debe ser tomada por la Asamblea Legislativa y que solo si la Asamblea no está reunida puede ser decretada por el Órgano Ejecutivo. En cualquiera de los casos, el plazo de suspensión de garantías constitucionales debe ser de un máximo de treinta días, aunque tal plazo puede ser prorrogado si continúan las circunstancias que lo motivaron, requiriéndose en tal evento de un nuevo decreto. Es siempre la Constitución la que reconoce que la suspensión de estas garantías puede afectar la totalidad o parte del territorio.

A la luz de lo acontecido en el pasado, es sumamente importante destacar que el régimen de excepción no autoriza la suspensión del derecho a la integridad personal ni mucho menos otorga licencia para que las autoridades puedan suprimir el derecho a la vida. Las barbaridades cometidas antes durante los llamados “toques de queda” no tienen absolutamente ninguna cabida en un Estado democrático de derecho.

De igual manera un régimen de excepción debe ser un instrumento dentro de una estrategia integral de seguridad pública. Si no, se estaría otorgando a ciegas más poder y discrecionalidad a las autoridades; y eso puede ser poco efectivo y peligroso.

Con todo y eso, insistimos en que la medida merece ser discutida. Haremos lo propio.

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