¿Se puede privatizar el río Lempa?

En 2002, un grupo de funcionarios, avalados por el entonces presidente Francisco Flores y su agenda de privatización de los recursos nacionales, firmó con una empresa extranjera un contrato lesivo para el Estado salvadoreño, como si hubiera vendido a precio de remate el Palacio Nacional, el volcán de San Salvador o el río Lempa.
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En la práctica, lo que hicieron fue vender a ENEL, de Italia, el control de la explotación del vapor del subsuelo, con el que se produce el 25% de la energía eléctrica en El Salvador. El año 2005, el entonces presidente Antonio Saca, recién llegado al poder, mandó parar aquel oscuro negociado y estalló el conflicto, que se ha prolongado hasta hoy.

El diferendo tiene complicadas aristas técnicas, financieras y jurídicas, pero la esencia del asunto reside en una indefinición o una incorrecta definición del derecho de propiedad. ENEL reclama el derecho de adquirir la mayoría accionaria de LaGeo, una empresa subsidiaria de CEL, que pertenece al Estado salvadoreño. CEL por su parte alega que la pretensión de los italianos carece de fundamento legal. Se trata de dos interpretaciones diferentes del acuerdo firmado por ambas partes.

El solo hecho de que ese documento permita una doble interpretación implica la existencia de una ambigüedad en su redacción, que es ciertamente deplorable.

El experto internacional que asesoró a CEL en la búsqueda de un socio estratégico para LaGeo redactó un acuerdo entre accionistas que ponía en claro las reglas del asocio y que fue aceptado por las empresas internacionales participantes en la licitación. Al resultar ganadora ENEL ese acuerdo fue modificado el mismo día que se estableció la sociedad, dando paso a sustantivas ventajas para los italianos y a la ambigüedad que generaría el problema. Según esa modificación, puede entenderse que ENEL tiene el derecho que reclama y que, además, puede explotar el subsuelo salvadoreño sin pagar impuestos y a perpetuidad, puesto que no se establecen condiciones impositivas ni plazos.

Para superar el dilema interpretativo, ENEL recurrió a un arbitraje internacional, lo cual es un procedimiento correcto, y lo ganó. En respuesta, ya bajo la administración del presidente Mauricio Funes, CEL ha decidido apelar la sentencia y continuar la batalla legal en todas las instancias posibles, lo cual también es un procedimiento legítimo.

Así las cosas, los equipos jurídicos de ambas partes podrán discutir hasta el día del juicio final en torno a la mencionada ambigüedad del acuerdo. Allá ellos.

Pero donde no hay ninguna ambigüedad, sino, por el contrario, total claridad, es en la Constitución de la República de El Salvador, que establece dos principios: que el subsuelo es propiedad exclusiva del Estado (y no es por tanto privatizable), pero que sí se puede dar en concesión a un privado siempre y cuando se fijen condiciones y plazos bajo la aprobación de la Asamblea Legislativa.

En otras palabras, pudiera ser que el acuerdo entre accionistas y el tribunal internacional le dé la razón a ENEL, pero ese acuerdo viola nuestra Constitución, es lesivo para el Estado salvadoreño en tanto que supone la enajenación de un bien público de carácter estratégico, y en consecuencia es ilegítimo.

Los funcionarios que permitieron tal aberración, por torpeza o por dolo, deben responder por ello.

Entregarle LaGeo a ENEL en esas condiciones no es otra cosa que comenzar a privatizar el subsuelo.

Por ahora la única salida razonable, tanto para los italianos como para nosotros, pasa por la formulación negociada de un nuevo acuerdo entre accionistas que se ajuste a nuestras leyes. Si eso no fuera posible, entonces el problema debe pasar a consideración de la Asamblea Legislativa, como debió haber sido desde el principio.

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