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Abogados bajo el imperio del crimen

Más de un centenar de profesionales del derecho y administradores de justicia han sido ejecutados en los últimos cinco años en Honduras.
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¡ Ra-ta-tá!, ¡ra-ta-tá!, ¡ra-ta-tá!, ¡ra-ta-tá! Cinco sicarios descargan más de 50 balazos contra las fiscales hondureñas Marlene Banegas Brevé y Olga Patricia Eufragio. Tras los asesinatos las autoridades de Honduras sentenciaron: ¡Ningún abogado muerto más! Pero ya habían muchos y ocurrieron más: 103 en el último lustro, casi 150 desde 2006.

Banegas era coordinadora de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Unidad de Muertes de Impacto Social, mientras Eufragio estaba a cargo de la Fiscalía de Protección al Ambiente. Ellas se trasladaban, el viernes 10 de noviembre de 2014, por la noche, en una camioneta doble cabina cuando fueron emboscadas en una avenida al suroeste de San Pedro Sula, la segunda ciudad en importancia de Honduras, después de la capital Tegucigalpa.

Los asesinatos de abogados es una realidad que se recrudeció en Honduras en 2006, con más de 20 solo en ese año, pero es hasta 2010 cuando el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) comienza a llevar una estadística de los homicidios. Entre 2010 y 2015 el organismo contabilizó 102 muertes.


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Política al desnudo



Para Héctor Samuel Madrid, abogado penalista y concejal de San Pedro Sula, el asesinato de las fiscales puso “al desnudo la política de seguridad del país” y demostró que los operadores de justicia “carecen de protección”.

Durante este tiempo –cinco años y tres meses– han sido asesinados abogados Especializados en Derecho Penal, Laboral, Mercantil y Civil. Así como fiscales del Ministerio Público, defensores públicos, jueces en activo (y retirados) de la Niñez, de Tránsito, de Letras, de lo Penal, de Paz y de tribunales de Sentencias, según un informe de la CONADEH.

El documento detalla que la mayor parte de las víctimas fueron asesinadas en el interior de sus vehículos, solos o en compañía de hijos, esposas, amigos e incluso de clientes. También han sido ejecutados en sus viviendas o a pocos metros de ellas, cerca de sus bufetes y en la vía pública.



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Amenazas de muerte




Eufragio no debió morir. Su asesinato fue una coincidencia. La noche de su asesinato le pidió “ride” a Banegas, quien era el objetivo de los sicarios. “Según las médicos forenses el ataque fue dirigido a mi mamá, la mayoría de los disparos fueron en su dirección”, comenta a LA PRENSA Julyssa Michelle Medina Banegas, única hija de la fiscal de Delitos contra la Vida.

Banegas era una mujer amenazada de muerte, aunque su hija lo supo hasta el asesinato. “Ella fue muy cuidadosa en ese sentido, nunca me dijo que estaba pasando por amenazas, porque sabía que me iba a preocupar. Solo éramos las dos”, afirma Medina Banegas, quien se enteró del homicidio en la universidad, donde estudia Derecho.


Duelo.  Julissa Medina Banegas, hija de la fiscal Marlene Banegas, llora mientras muestra una foto de su madre. Dijo que perdonaba a sus asesinos.

Reportes de medios hondureños indican que Banegas recibió amenazas de muerte por el caso de la masacre de 17 zapateros en una fábrica, ocurrida el 7 de septiembre de 2010 y presuntamente cometida por pandilleros de la mara 18, que según las autoridades policiales son los principales sospechosos de haber asesinado a las fiscales.

“En agosto de 2013, cuando iba a formar parte del equipo de fiscales encargados del debate en el juicio oral y público contra los pandilleros que participaron en la masacre, Banegas recibió algunas llamadas telefónicas, donde le advirtieron que no estuviese en dicho juicio”, publicó el diario La Tribuna de Honduras. Al final, el tribunal condenó a tres miembros de esa pandilla a más de 500 años de prisión.

“A mi mamá le llegaron a decirle que el 99 % de la gente que estaba presa en San Pedro Sula era por ella. Ella era una piedra de tropiezo para los narcotraficantes, para los que andan involucrados en lavado de activos y en maras”, resalta Medina Banegas.



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Son comunes


Las amenazas son comunes en el gremio de los defensores de la ley. José Luis Balladares, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, explica a LA PRENSA que tienen un promedio de 20 denuncias de amenazas mensuales, de una población de 20,000 letrados inscritos, de estos el 54 % mujeres y 46 % varones.

“En algunos casos se logra hablar con la parte amenazadora y aclarar el asunto. En otros, los hemos trasladado de casa o de ciudad. En los más graves los hemos tenido que sacar del país, esto ya lo hemos hecho con 15 abogados, con quienes nos han colaborado diferentes embajadas”, explica Balladares.

“El temor entre los abogados es manifiesto. Algunos han decidido alejarse de la carrera, ya no seguir como profesional, lo que nos preocupa”, añade.

Dejar la profesión es una opción, pero otros profesionales deciden acercarse al CONADEH y denunciar que son amenazados. Esta institución se encargan de solicitarle al Estado, del que ellos dependen, que “adopten medidas cautelares y policíacas, que eviten cualquier atentado”, según el comisionado hondureño de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres.

“Todo habitante que esté desprotegido y no encuentra otra institución, siempre puede llegar acá (CONADEH) y nosotros, incluso con los pocos recursos, podemos adoptar nuestras propias medidas de protección, ya que por ley tenemos todas las autorizaciones para hacerlo”, explica Herrera.



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Pagar protección


El homicidio de Banegas recuerda al de la líder indígena lenca Berta Caceres, asesinada a tiros el pasado 3 de marzo en su casa de habitación en la ciudad de La Esperanza, a 200 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. La también dirigente ambiental había sido amenazada y temía por su vida, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había dictado medidas cautelares para su protección. Sin embargo, en el momento del suceso ningún miembro de las fuerzas de seguridad de Honduras estaba presente.

El ministro hondureño de Seguridad, Julián Pacheco, explicó ese día a los medios de comunicación: “Inicialmente le asignamos policías para protegerla, pero ella nos pidió que fuese retirado ese servicio porque le molestaba”.

En el caso de Banegas, tras recibir las amenazas, el Estado le asignó una escolta de dos oficiales, pero la fiscal debía darles el almuerzo y la cena, por lo que a diario desembolsaba para cada uno al menos 300 lempiras (unos $12), sin que ese dinero le fuera retribuido por el Gobierno. Ella “habría determinado prescindir de dicha escolta de seguridad, al no contar con los recursos necesarios”, según el diario La Tribuna.

Posteriormente, le fue asignado un vehículo blindado, que compartía con el coordinador de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, pero debido al tiempo que perdía al esperar que la trasladaran de un lugar a otro, para realizar sus investigaciones, Banegas decidió usar la camioneta sin blindaje en la que fue asesinada.


Límites.  Banegas, una de las fiscales que estaba amenaza y que murió en un atentado, tenía un vehículo blindado, pero debía compartirlo, lo que impedía que hiciera bien su trabajo. Así que desistió de usarlo.

El presidente del Colegio de Abogados dijo que en el caso de los fiscales y jueces amenazados “esperamos que sea el Estado, por ser su patrón, quien les brinden seguridad, ya que ellos tienen propios protocolos”. Sin embargo, la alimentación no está incluida, porque el profesional debe pagarla.

“El problema es que el profesional solo gana unas 20,000 lempiras (unos $880) al mes, por lo que de dónde va a pagar la alimentación de la seguridad. Nosotros como colegio solo les hemos apoyado, con lo poco que tenemos, para pagar uno o dos meses la alimentación”, aseguró Balladares.




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Motivos de asesinatos


—¿Por qué están siendo asesinados los abogados?

— Porque normalmente están en medio de pleitos.

La respuesta la brinda Omar Edgardo Rivera, coordinador del programa Alianza por la Paz y la Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), quien advierte que no quiere “satanizar o estigmatizar” a los abogados, aunque “no hay duda de que existe una relación proporcional entre el incremento de la actividad del narcotráfico y el crimen organizado con la muerte de profesionales del Derecho”.

El razonamiento de Rivera lo sustenta por su lado Migdonia Ayesta, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), explicó que 60 % de los abogados asesinados estaban en ejercicio privado y el resto son jueces y fiscales, por lo que dada la problemática del narcotráfico y de las maras es posible que al “no desarrollar un buen ejercicio profesional o no dar con el resultado que espera la parte” se decida “ejecutarlos”.

El informe del estatal CONADEH indica que el 90 % de los más de 100 profesionales del Derecho asesinados fueron ejecutados con armas de fuego, al resto los asfixiaron o usaron arma blanca.

Desde el Colegio de Abogados, Balladares reconoce: “Hemos entendido que en algunos casos (asesinatos) se debe por el no cumplimiento de las tareas. Me contrata alguien y tal vez no le realizo el trabajo. Eso ha causado muchos problemas”.

Comenta que desde la organización trabajan en un proyecto ético que incluya “el cumplimiento de las tareas que tenemos como abogados”. Además, “a los nuevos abogados les hemos recomendado: no se comprometa que va a ganar el caso porque eso depende del juez, en todo caso”.


Despedida.  Amigos y familiares de las dos abogadas esperan a las afueras de la funeraria donde fueron velados sus restos.


Esta investigación fue realizada por Juan Carlos Bow para La Prensa de Nicaragua en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación para las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

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