Ana Dilia, un crimen que no cuenta

Ana Dilia ha sido la primera niña asesinada en 2015. Murió por lesiones con arma blanca en un municipio que no reporta las cifras más altas de homicidios, pero que se encuentra al filo del riesgo delincuencial: Sesori.
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Cinco días antes de la desaparición y asesinato de Ana Dilia, la familia Chicas había caminado varios kilómetros sobre la agreste calle de piedras y polvo fino que bordea el cantón Las Mesas para celebrar un cumpleaños. Pasaron frente a las casas de varios pandilleros de la Mara Salvatrucha, como lo hacían habitualmente, sin ninguna consecuencia. No fue una celebración cualquiera, pues esa fiesta en honor de la hermana menor de Ana Dilia, realizada el último domingo de 2014, serviría, de paso, para zanjar el año nuevo. Blanca Estela Segovia, madre de Ana Dilia, sabía que la cartera no le alcanzaría para dos tandas de panes con pollo, por lo que ese domingo, en la casa de su hija mayor –la acompañada–, festejó doble.

“En esos días la pasamos bien, antecito habíamos celebrado el cumpleaños de la niña más chiquita, allá donde la hija mía. No sabía que después me iba a venir esa tristeza. No sabe uno cómo le va a ir después”, dice Blanca Estela el miércoles 7 de enero por la mañana, hundida en una hamaca, dos días después de haber enterrado a la séptima de sus ocho hijos.

Ana Dilia Chicas Segovia estaba a pocos días de cumplir 10 años. Nació el 25 de enero de 2005 en ese mismo cantón donde la asesinaron. El cantón Las Mesas es una meseta situada al pie del Chéquere, un cerro con calvicie que recuerda un codo flexionado. Las Mesas y sus 80 familias pertenecen a Sesori, un municipio ganadero de San Miguel. En 2014 no hubo homicidios en Sesori, y los tres que se cometieron en los cinco años anteriores hacen que el jefe de la policía local, el alcalde y numerosos habitantes lo sitúen en una canasta diferente a la de la violencia que a diario desangra el resto de El Salvador. “Es sano”, les gusta decir. Aunque rectifican: “O bueno, lo era”.

Antes del homicidio de Ana Dilia, Sesori había sido noticia, en marzo de 2014, por un hombre que le cortó las manos a una mujer; por seis estudiantes de Usulután, en septiembre de 2014, que murieron ahogados en la poza del Salto El Brujo; y por los cinco detenidos que pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Populares 22 de Enero, en febrero de 2012, que en realidad resultó una banda que extorsionaba en la zona.

Blanca Estela, una mujer muy pequeña y poco expresiva, asegura desde la hamaca que Ana Dilia nunca se alejaba demasiado de su casa, y cuando lo hacía era para visitar a su hermana mayor o para llevar el almuerzo a su bisabuelo. La casa de los Chicas es un cuadrado donde los cuartos se crean con plásticos y telas. El piso es de tierra, como más de la mitad de las casas en Sesori, tal como lo anota la alcaldía en sus informes. Dentro huele al humo que se cuela desde la cocina de leña alojada en el corredor externo. Humo y penumbra a pesar de ser las 10 de la mañana, pues los focos se prenden en la noche y no hay ventanas. La casa más próxima, que se alcanza tras descender algunos escalones artesanales de piedra, es la del bisabuelo, una estructura similar a la de los Chicas, aunque con hoyos irregulares que simulan ventanas.

El viernes 2 de enero, después de las 9 de la mañana, Ana Dilia salió de su casa para llevar comida a su bisabuelo, un hombre que arrastra los pies pero que aún baja la pedregosa ladera que bordea su casa para cosechar maicillo. Ana Dilia tenía nueve años pero aparentaba seis: diminuta, panza abultada, mejillas infladas. Tenía los ojos claros, una herencia de su padre, José Misael Chicas. Ese viernes vestía una camisa celeste y unos pantalones cortos de jeans, con dibujos de flores y corazones en los pliegues. Iba descalza, como también acostumbran estar sus hermanas de 12 y tres años.

La coincidencia de varias versiones apuntan a que Ana Dilia dejó su casa y llegó, entre corriendo y saltando, como a veces hacen los niños, hasta donde su bisabuelo. Su bisabuelo estaba en la maicillera, y su tía, que en realidad era su tía abuela, tampoco estaba. Contrario a las noticias publicadas los días posteriores al crimen, Ana Dilia nunca entregó el almuerzo a su bisabuelo. Nunca. ¿Cómo pudo perderse, en una mañana plena de enero, sin nubes, en un trayecto de no más de 20 metros?

Blanca Estela pierde la mirada en algún punto de la penumbra. Se queda callada mientras intenta explicarse lo sucedido. Es lo más cercano a la tristeza que dejará escapar cuando recuerda el homicidio de su hija. “Ahí la encontraron y la mandaron a hacer algo”, balbucea. Pero no se atreve a decir más. Hay una poderosa razón: los muchachos.

Los muchachos. En las comunidades, en los barrios y en este cantón polvoso de Sesori, los habitantes se refieren a los pandilleros como los muchachos. Es una diferencia para los jóvenes que controlan el territorio. No lo aparenta, porque no hay grafitos como en otras partes, pero en Las Mesas manda la Mara Salvatrucha. No podría ser de otra manera: el cantón es un corredor hacia el municipio vecino, Ciudad Barrios, cuya edificación más famosa es la cárcel del mismo nombre. Dentro está encerrada la “ranfla” de la MS, la cúpula de la única pandilla salvadoreña que ha sido declarada por Estados Unidos –en octubre de 2012– como organización criminal transnacional, un epíteto que también comparten los narcotraficantes de Los Zetas, en México.

Sesori no es Ciudad Barrios, pero la proximidad no ayuda. Después de desahogarse contra los supuestos responsables del crimen, German Arriaza, jefe de la Fiscalía en la zona oriental, trata de explicar lo sucedido la mañana de ese viernes 2 de enero. “La cercanía que tiene Sesori con Ciudad Barrios es la que permite la movilidad de estas estructuras. Este crimen tiene sus particularidades y todo mundo está indignado. Nosotros hemos puesto a un equipo de cuatro fiscales a trabajar este caso. Es lamentable, estos delincuentes, estos enfermos, que toman acciones con una niña totalmente indefensa”, relata Arriaza una semana después del homicidio.

Los cinco hombres detenidos por el homicidio pertenecen, según la Fiscalía, a la MS. La mayoría fueron capturados el lunes 5 de enero, el día que enterraron a Ana Dilia en el panteón del cantón Las Mesas, una lugar con no demasiadas cruces. Otros dos cayeron un día después. Fueron arrestados por agrupaciones ilícitas y la acusación formal por feminicidio llegó hasta el jueves. Hay tres adultos, Henry Alberto Sorto Portillo “Chira”, Josué Mauricio Vásquez López y David Alberto Bolaines; y dos menores de edad, de 17 y 15 años, conocidos como “Pedorra” y “Chilatoso”.

El cuerpo de Ana Dilia fue encontrado dos días después, el domingo 4 de enero. Ese día, el cantón Las Mesas rompió su rutina silenciosa al verse rodeado de policías, soldados y cámaras de televisión. El alcalde de Sesori, René Portillo, también llegó al enterarse. Portillo, que muy raras veces se desprende de su sombrero, recorrió el área cercana al lugar donde fue encontrado el cadáver y encontró un detalle hasta entonces inadvertido por las autoridades. A menos de 20 metros de la casa del bisabuelo, cuando el terreno se transforma en una ladera moteada de piedras volcánicas, encontró varias piedras manchadas de sangre, piedras, tierra y hojas secas. Un examen posterior determinó que la sangre pertenecía a Ana Dilia.

¿Ana Dilia fue asesinada a unos metros de la casa de su bisabuelo sin que nadie lo advirtiera? Para la Fiscalía, algo muy cercano a ello ocurrió. Arriaza lo relata: “Cerca de la casa la estaban esperando. Le tapan la boca con un trapo para que no se escucharan los gritos. Ahí la lesionaron por primera vez y lo hacen en la parte torácica”.

El rastro de sangre se pierde entre los árboles cuesta abajo. En uno de ellos hay talladas dos letras –MS–, que no aparentan ser recientes. El alcalde Portillo ha recorrido varias veces la zona y no ha encontrado nada más, nada que le brinde una respuesta más lógica de lo que pasó ese día. El miércoles 7 de enero ha regresado a buscar a Blanca Estela. Dice que en la alcaldía le darán atención psicológica. Portillo baja la ladera y apunta a las piedras. Todavía hay sangre, que esa mañana luce bastante oscura, como mancha de aceite. El alcalde se sienta en una roca y recuerda la principal hipótesis sobre el crimen, la misma que buscará probar la Fiscalía ante los tribunales. “Nos informaron que había un rechazo, un odio de este grupo a la hija mayor –la acompañada–, y en un momento habían dicho que le iban a hacer algo a finales de 2014 porque ella había alertado a las autoridades sobre un robo de gallinas y ellos se molestaron”, dice Portillo.

Un robo de gallinas. ¿Un crimen con tanta saña por denunciar el robo de unas gallinas, donde la víctima ni siquiera era la persona original y supuestamente amenazada? El alcalde medita la pregunta y su respuesta, exaltada al principio pero que decae hasta convertirse en un susurro de pena, muestra que así lo cree: “¡Es desmedido, exagerado, cobarde el hecho! La sospecha de nosotros es que fue una venganza exagerada… esa era la confrontación. Hemos indagado y no hallamos otro motivo”.

Blanca Estela no lo sabe. No tiene porqué saberlo, pues en el cantón donde vive no entran los periódicos –de hecho, casi ni suben los 10 policías que deben patrullar los 200 kilómetros cuadrados de todo Sesori–, pero a la misma hora que ella se prepara para ir a recibir atención psicológica, un hombre ha sido asesinado por una razón igualmente absurda a la de su hija. A 109 kilómetros de distancia, en el caserío El Tamarindo de San Pedro Perulapán (Cuscatlán), Fidel Mozo ha recibido 10 balas un día después de borrar el grafito con el que un grupo de pandilleros le decoró su casa. Lo habían amenazado, añade la Policía, pero Fidel lo borró de todas formas. Lo mataron.

Blanca Estela no lo sabe. Tampoco mira noticias en la televisión, pero el día que enterró a su hija, la séptima de ocho, la que el 19 de enero empezaría el cuarto grado, el presidente de la República se dirigió públicamente a la nación después de semanas de no hacerlo. Dentro de la sede principal de la Policía en San Salvador, Salvador Sánchez Cerén dijo ese lunes algo que sonó a obviedad: la tregua –supuestamente iniciada en marzo de 2012, con la venia de la administración Funes– fortaleció a las pandillas. Los homicidios cometidos en 2014 también van en esa línea. A diferencia de 2012 y 2013, cuando la reducción de la violencia fue notoria, en 2014 los homicidios aumentaron más del 50 % para confirmar el fin de la supuesta tregua entre pandillas. Entre las 3,942 salvadoreños asesinados en 2014 hubo 17 niños y niñas menores de 12 años. La mayoría –cinco de ellos– tenía entre cinco y nueve años, como Ana Dilia Chicas Segovia.

Ana Dilia fue la primer niña asesinada de 2015. A las 10 de la mañana del viernes 2 de enero, cuando su madre Blanca Estela no la encontró, envió a otro de sus hijos a buscarla. El muchacho regresó sin nada. Se afligió. La mujer decidió salir, pues su esposo estaba ebrio y no podía ayudarla. Caminó por el pasaje polvoso que une la decena de viviendas más cercanas, abrió el portón enrejado y tomó calle arriba, donde el polvo es más fino y se mete hasta en los dientes. Preguntó en cada casa. Nada. Bajó a Sesori. Nada. Los dos días siguientes estuvo entre Chapeltique, otro municipio cercano, y San Miguel, la cabecera departamental, con la esperanza de encontrar alguna pista. Nada. Blanca Estela confesó días después, desde su hamaca, que esos dos días aún pensaba que la encontraría viva. Nunca se le pasó por la cabeza buscar a 100 metros de su casa.

Ana Dilia llegó a la casa del bisabuelo y no lo encontró. Estaba por regresar a su casa. “Cuando sale, estos sujetos ya la estaban esperando, la interceptan. La llevan a un predio y ahí le realizan lesiones con arma blanca. Luego la trasladan a un lugar más retirado y es encontrada hasta el 4 de enero de este año”, repasa el fiscal Arriaza.

El cuchillo le entró en el lado izquierdo del pecho. Ana Dilia sangró. La cargaron y murió 100 metros abajo en esa ladera rocosa que su familia solía recorrer, en una hondonada cercana, al pie del cerro El Chéquere. El forense que la revisó ese domingo 4 de enero dictaminó que la niña había muerto a las 10 de la mañana del viernes 2 de enero, poco después de haber salido de su casa.

Su bisabuelo la encontró. El hermano menor de Ana Dilia iba con él y también vio el cadáver. Estaba con toda su ropa. No había sido violada. Veía hacia arriba.

Han pasado tres días desde el entierro y Blanca Estela intenta seguir con su vida. Esa mañana de miércoles, sin embargo, romperá la rutina para bajar a Sesori. El alcalde Portillo la llevará en su pick up todoterreno delante de una psicóloga, para que Blanca Estela procese el luto del homicidio de Ana Dilia, la niña que murió por la denuncia del robo de unas gallinas. Blanca Estela se cambia y se lleva a su hija menor, la que acaba de cumplir tres años. Atrás, en las gradas de la casa, su hijo menor, el sexto, el que acompañó a su bisabuelo el día del hallazgo, juega con la rama de un árbol entre la tierra.

“Me vine corriendo a la casa, me dieron ganas de llorar y hoy trato de olvidarla, trato pero no puedo”, dice el niño, mientras observa a su madre alejarse por el pasaje polvoso. Más adelante, varias mujeres lavan un saco de maíz, un hombre repara un techo y un niño desgrana mazorcas. Arriba hay un hermoso cielo limpio de nubes.

*Con reportes de Liliana Fuentes Monroy

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