Ángela Buitrago: La impunidad es una patente de corso para todos los delincuentes

A Ángela Buitrago le pidieron su renuncia como fiscal en Colombia tras lograr acusar a militares de alto rango en las desapariciones forzadas del Palacio de Justicia de Bogotá (1986), caso por el que el Estado colombiano fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2014. Alejada de la Fiscalía de su país, ahora forma parte del grupo de expertos internacionales que busca esclarecer lo ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Desde su casa en Bogotá, la abogada habla de las generalidades del trabajo de un fiscal y su experiencia al capitanear la investigación de temas que polarizan a todo un país.
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Ángela Buitrago, apodada en Colombia como la “Fiscal de Hierro”, acepta dar una entrevista desde su casa en Bogotá esta tarde, la del 24 de diciembre. Es jueves y apenas regresó a su país el lunes desde México, donde forma parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que, bajo el auspicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, colabora con la justicia mexicana para el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Al día siguiente, en plena Navidad, tendrá que volar, de nuevo, a tierras aztecas.

A través de Skype, la experta dará sus opiniones sobre cómo debería ser el trabajo de un fiscal y, por ende, el de un fiscal general. También sobre su experiencia investigando temas emblemáticos en su país, como el de la masacre en el Palacio de Justicia. Allí armó un caso a base de la revisión de libros, cientos de fotografías, decenas de testimonios y más de 1,500 horas de video de la época. Eso la llevó a ser retirada de su cargo en 2010 e, incluso, a ser perseguida. Una situación que se vuelve paradójica ahora, cuando Colombia está en una transición hacia la paz tras un conflicto armado de más de medio siglo. En Colombia se le acusó de falsear testigos, algo que desmiente la aprobación de cada parte del proceso por la Corte Suprema de Justicia de su país.

Por ahora, Ángela concentra sus esfuerzos en el esclarecimiento del tema de los estudiantes de Ayotzinapa.

¿Qué define a un buen fiscal?

Primero la decisión de combatir la delincuencia y la inexistencia de compromisos que impliquen que va a ser sesgado o va a trabajar con parcialidad. Pienso que un fiscal tiene que ser autónomo, tiene que ser una persona que ambicione realmente la justicia. Por lo tanto, lo primero que tiene que tener un fiscal es la independencia.


Dice que un fiscal necesita independencia, una suerte de coraza contra toda influencia externa, como si el fiscal no tuviera pasado. ¿Cómo lucha un fiscal contra la realidad de ser un ser humano con amistades, familias y relaciones pasadas?

No creo que sea el problema eso de “no tener pasado”. Ese pasado no es premeditado, y uno no lo puede conformar desde que nace. Tampoco puede ser reprochable que en algún momento haya tenido contacto con una persona que haya sido condenada, investigada o haya andado en malos pasos. No tiene responsabilidad uno por lo que hacen los demás, eso creo que es claro. Lo que sí creo es que una forma de vida es comportarse de acuerdo con los principios que uno lleva.


¿Quiénes son sus amigos?, ¿los investigaría de la misma forma que en el resto de casos?

Prefiero no hablar en público de mis amistades, pues soy una persona que ha sido acosada. En cuanto a lo otro, la primera regla es que si hay una amistad y uno tiene una relación íntima con una persona, por ética debe abstenerse de investigarla y debe pasar el conocimiento de la investigación a otra persona para garantizarla. Cuando los afectos están comprometidos, la investigación no puede ser imparcial. Lo lógico es que se declare impedido. Te contesto tajantemente, si tuviera un amigo de esas condiciones que tuviera que investigar, me declararía impedida.


¿Qué pasa en una situación como esa con el fiscal general?

Ese es un tema muy recurrente en términos de Fiscalía, porque se alega que el fiscal general, siendo la cabeza máxima, pudiera de todos modos influenciar en otros fiscales. Debe ser ético, separarse realmente de la investigación... una cosa es que sea jefe de la entidad, y otra es que me entrometa en casos que tienen funcionarios judiciales de abajo.


¿A qué se enfrenta alguien que opta por hacer algo que no es políticamente conveniente?

Se somete a presiones, a amenazas, a juegos políticos muy fuertes. El poder político puede someter a un fiscal a presiones incluso de la no aprobación de los presupuestos que necesita la entidad. Cuando usted no cede a ciertos intereses políticamente exigidos en algún sector, se enfrenta a personas que también van a torpedear su actividad, que van a generar polémicas y polarización frente a las decisiones que usted tome. Tratarán de tacharlo de pertenecer a un sector u otro. El fiscal debería tener una coraza muy grande para asumir esos retos.


¿Qué piensa de un modelo con un único fiscal general, lo que convierte a este funcionario, en la práctica, en el encargado máximo de definir lo que se va a investigar? ¿Es demasiado poder para un solo funcionario?

Pienso que sí, la institución genera demasiado poder precisamente por la capacidad que tiene de investigar, y si un fiscal no tiene la suficiente madurez puede utilizar indebidamente una institución como la Fiscalía. Creo que tendría que estar vacunado contra esos elementos que le permitan, en un momento dado, desviar el poder de manera importante contra sus opositores o contra los opositores de quien tenga intereses particulares. El fiscal general debe ser inmune a todo eso y sobre esos elementos trabajar de manera casi que, como lo dice la justicia, vendada.


En El Salvador se ha hablado de replicar el modelo de la CICIG en Guatemala. ¿Sería una decisión acertada?

En casos donde se tiene una criminalidad muy fuerte y donde en algunos estados no se quiere o no se puede investigar, una medida de esta naturaleza es muy buena, porque logra también mirar desde afuera muchas cosas que desde adentro quizás no se quieran ver. Esos organismos permiten independencia, permiten autonomía, que era lo que decía inicialmente, y permiten también poner las cosas en el papel sin contar más que con lo que se observa, y eso también es importante, sacar las cosas tal y cómo están, generar juicios sobre las pruebas frente a responsabilidades por corrupción, por vinculaciones con actividades criminales a los más altos niveles. Yo creo que es sano para una sociedad. Una sociedad debe también ser consciente de lo que tiene y no persistir en el error, sino al contrario. Dándose cuenta del error y corrigiendo las cosas a tiempo, la sociedad se construye.


En El Salvador sucede una realidad, y es que un fiscal tiene a su cargo más de 30 expedientes de homicidio, casos que tardan, por lo menos, dos meses en resolverse. ¿Es realista hablar de efectividad en un sistema con esta carga de trabajo?

Treinta expedientes es un número posible de evacuar para un fiscal. Las realidades colombianas llegan a, por ejemplo, fiscales que tienen 2,000 investigaciones a su cargo. 30 expedientes es un número razonable y adecuado. Lo que pasa es que depende también del nivel de fiscal. Hay fiscales que tienen más procesos y eso es algo que debe ser reevaluado desde el punto de vista de la carga laboral.


En 2015, El Salvador tuvo una tasa de homicidios de una persona por cada 1,000 habitantes. Se ha demostrado que la impunidad en los casos de asesinatos es superior al 90 %. ¿Es la impunidad uno de los factores determinantes de los altos niveles de violencia que tenemos en la actualidad?

La impunidad es una patente de corso para todos los delincuentes. Cuando usted sabe que su sistema es incapaz, que no va a procesar los hechos, o que por alguna razón evita judicializar, usted campea libremente por una sociedad en donde lo que va a dominar es el terror y la delincuencia. Y si se acaba la convicción de la sociedad en la justicia, allí va a tener usted claramente elementos en donde definitivamente el Estado va a ser un Estado fallido. Cuando usted no tiene expectativa de que haya justicia, cuando usted dice que las instituciones no sirven, cuando usted sabe que es mejor no denunciar, pienso que no habría un futuro para una sociedad de esa naturaleza porque la delincuencia va ganando.


En El Salvador, a los funcionarios de segundo grado, como el fiscal general, los elige la Asamblea Legislativa. ¿Qué piensa de este modelo?

No es un modelo adecuado, aunque se repite en muchos países. Cuando usted tiene que mezclar lo político compromete también la autonomía, y allí juega un papel importante la independencia. Lo que pasa es que ahora también casi todas las instituciones están permeadas por lo político, entonces usted tampoco puede garantizar que no haya intervención política en una elección, por ejemplo, en términos de Corte, pero garantiza un poco más que sea la rama judicial la que elija al fiscal, no el poder legislativo, en donde también se generan muchas perversiones.



El 7 de noviembre de 1985 un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de Abril se tomó el edificio del Palacio de Justicia de Bogotá, apoyado, según una Comisión de la Verdad, por Pablo Escobar. El Ejército y la Policía Nacional respondieron con un exceso de fuego. El saldo final fue de 98 muertos, entre ellos 11 magistrados y muchos otros civiles, como empleados de la cafetería. Otras 11 personas fueron desaparecidas. La toma duró dos días. 20 años después, en 2005, Ángela Buitrago tomó el caso y logró acusar a tres generales retirados de la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán, de quien se comprobó que salió con vida del edificio para después aparecer muerto en una morgue de Bogotá. Lo habían ejecutado. También acusó al coronel Alfonso Plazas Vega (director Nacional de Estupefacientes en el gobierno de Álvaro Uribe) de haber participado en la desaparición de las 11 personas. Un tribunal, capitaneado por la jueza Estela Jara, lo condenó, en 2010, a 30 años de cárcel, pero la Corte Suprema de Justicia lo absolvió, de manera definitiva, el 16 de diciembre de 2015 tras tres juicios. Tras acusar a este imputado en 2010, el fiscal general colombiano de la época, Guillermo Mendoza Diago, le pidió a Ángela su renuncia al puesto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Colombia por los hechos del Palacio de Justicia en 2014.



Con respecto al caso del Palacio de Justicia, hace una semana se le dio la absolución al coronel Alfonso Plazas Vega, a pesar de que tres magistrados votaron en contra. ¿Representa una derrota personal para usted?

Esa sentencia se otorga por falta de certeza según la Corte, no por inocencia. Y ese es un elemento muy fuerte, que nosotros entendemos dentro de la discrepancia de valoración probatoria que puede suceder en la justicia. No lo tomé como una derrota y tampoco como un triunfo. Yo simplemente lo tomé como parte de una actividad profesional, donde yo estaba cumpliendo una función, donde se dieron las pruebas, y al darse las pruebas cumplí con la labor de acusar porque estaban los elementos. Incluso la Corte lo reconoce así. El grado de acusación es un grado de probabilidad, el grado de la sentencia es uno de certeza.


¿Pierde alguien con esta sentencia? ¿El Estado colombiano?

Sí. Yo pienso que cuando uno considera que quiere salir de la práctica de violación de derechos humanos, cuando uno considera que efectivamente hay una sentencia como la de la Corte Interamericana en donde se señaló claramente un modus operandi de desaparición por parte de los miembros que estaban a cargo, cuando efectivamente hay una condena para el Estado y empiezan a no encontrarse responsables, pues la verdad pienso que sí pierde el Estado. Pero respeto profundamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia.


La Fiscalía citó a los ministros del gobierno de Belisario Betancur (presidente de Colombia cuando ocurrieron los hechos del Palacio de Justicia) a declarar por, supuestamente, facilitar que los hechos ocurrieran y permitirle a las fuerzas de seguridad responder de una forma violenta contra los insurgentes. ¿Es esto una especie de triunfo para usted?

A ver, creo que la investigación misma fue un gran avance y pienso que, independientemente del triunfo o derrota –esos no son mis términos, no son términos profesionales–, uno no gana o pierde, sino simplemente demuestra o no en términos de acusación. El punto central es que se conocieron muchas cosas de las que sucedieron en el Palacio que estaban completamente sepultadas, se empiezan a encontrar cosas que ni siquiera se habían advertido desde el primer momento, se empiezan a revisar las responsabilidades de los que participaron por acción o por omisión, se empieza a juzgar si definitivamente hubo protección al principio de distinción, al principio de respeto a los civiles, etc., dentro de ese conflicto. Lo que pasa es que nosotros estamos en la transición a un proceso de paz que, digamos, ha moldeado también muchas de las decisiones. Incluso la Corte Suprema aquí acaba con una teoría que venía aplicando hasta mediados de este año (2015), porque condenó al general (Jaime Humberto) Uscátegui sobre el tema de la masacre de Mampiripán. Entonces veamos también cómo hay elementos que pueden estar contribuyendo con esas decisiones. En el fondo la investigación sirvió para sacar muchas cosas adelante y a generar la posibilidad de que las víctimas sean escuchadas. Creo que, con eso, la justicia en particular gana.


¿Cómo se dialoga con las élites que te persiguen si tocas temas que pueden afectarlas?

Allí no hay diálogo posible, porque entonces tú representas una amenaza para ellas y las élites tienen como criterio el arrasar con las personas que pueden llegar a tocarlas. La élite se autoprotege, se blinda... entonces quienes en algún momento muestran las falencias de esa élite, se convierten, técnicamente, como lo hemos podido ver en carne propia, en enemigos. Y al enemigo lo tratan de arrasar como sea: física, moral, profesional, personal o familiarmente. Ese es un tema bien grave, un tema que toda la sociedad debe empezar a mirar. Porque cuando la sociedad comulga con esos comportamientos, los funcionarios que tratan de hacer justicia quedan solos, y mal que bien son removidos por intereses o en algún momento pueden ser eliminados como ha sucedido con muchos funcionarios judiciales colombianos.


La jueza Estela Jara fue amenazada después de condenar al coronel Plazas Vega a 30 años de prisión en 2010. También el hijo de ella recibió intimidaciones. Eso provocó que, por un tiempo, salieran de Colombia. ¿Tuvo usted amenazas similares? ¿Por qué no tomó una decisión parecida?

Yo tengo la convicción de que a mí nadie me saca de mi país por trabajar, primero. Segundo porque yo no he actuado mal. El tema de la jueza no solamente es cierto sino que se le descubrieron atentados contra ella y contra su hijo. Efectivamente las amenazas existieron para mí en todo nivel, pero el punto de salir del país es impensable. Creo que la mejor labor que hago la hago en la academia y no creo que tenga tampoco el derecho a exiliarme de mi país. No va con mi forma de ver el mundo. Respeto a la juez Jara, porque ha vivido y sigue viviendo una situación muy fuerte, porque el tema del hijo no se lo deseo a ninguna madre… está nuevamente en Colombia, gracias a Dios, porque vivir en un país ajeno no es fácil.


Siendo autocrítica con su trabajo y con el de la persona que la relevó en el caso, ¿qué vacíos tuvo la investigación del caso Plazas Vega para no resultar en condena?

Siendo no solo autocrítica sino objetiva, en primera y segunda instancia condenaron. Es decir, los jueces de la República y el tribunal encontraron elementos para sostener una condena contra el coronel Plazas. La decisión de la Corte Suprema de justicia es vía casación, y esta se basa en que a la Corte Suprema le quedaron dudas y aplicó el principio de la duda a favor del reo. La sentencia dice que no le cree a algunos declarantes. En la valoración probatoria partí de la base de que hay otros elementos de prueba que confirman varios de esos testimonios.


Puede mencionar algunos

Sí, claro. Durante mucho tiempo el Ejército Nacional y, en particular, las personas vinculadas negaron la utilización de helicópteros en el Palacio de Justicia. Uno de esos testigos, que es Édgar Villamizar (dio su testimonio en 2007 y se mantuvo sin una residencia definida desde entonces; en 2012 dijo que lo habían suplantado y que no brindó esas declaraciones; murió en 2015 en circunstancias que no se han aclarado) menciona que hubo apoyo helicoportado en el que transportaban tropas, y él hacía parte de esas compañías trasladadas. Se empezaron a corroborar las grabaciones que hubo en el Palacio de Justicia por parte de los militares en donde aparecía que efectivamente se estaba utilizando, en jerga militar, un halcón. El halcón significa, según los peritos que hacen la transcripción de las comunicaciones, helicópteros. Después se encuentran en una inspección judicial varias constancias de que tuvieron a su disposición 13 helicópteros y dos aeronaves de mayor rango. Por lo tanto empezamos a ver que lo que se quiere es ocultar un traslado de tropa frente a una afirmación que era evidente, de alguien que sí participó en el Palacio de Justicia. Esa valoración no la veo en la sentencia.


Según la valoración, él no pudo estar porque estaba en un batallón destinado a otras misiones

Correcto, se dice que estaba en el Meta (departamento a 90 kilómetros de Bogotá). Precisamente se acredita que esos días él no estuvo en el Meta. Inclusive se construye una serie de declaraciones dentro de la investigación a posteriori que trata de situar a Édgar Villamizar, ni siquiera en el Meta, sino que en otro sitio, para tratar de quitar la relación del Meta, que sí era una unidad que se encontraba apoyando por orden del comandante general (Rafael) Samudio la operación del Palacio de Justicia. A lo que me quiero referir en concreto es que si contrastas los elementos que yo contrasté, puedes decir a que a Édgar Villamizar le crees que fue trasladado en helicóptero desde la ciudad de Villavicencio (capital de Meta) porque pertenecía a un grupo que ni siquiera tomó en cuenta la Corte Suprema, un grupo de inteligencia militar de la brigada séptima y que estaba en Villavicencio. Eso me permite decir que Édgar Villamizar estaba asignado a un grupo especial de inteligencia contra extorsión y secuestro, y que por esa razón necesitaban apoyo de personas especializadas para interrogar a los rehenes que salían liberados del Palacio de Justicia.


Episodios como del Palacio polarizan a la sociedad colombiana, en un caso parecido a lo que sucede en El Salvador con el asesinato de los jesuitas o en Guatemala con el genocidio ixil. ¿Dejará de ser así en un corto plazo?

Creo que mientras haya dos extremas posiciones y haya personas que quieran alimentar a una de ellas en particular o las dos, siempre va a haber polarización… creo que aquí (en Colombia) se sigue viendo que por ser alguien de uno u otro grupo se le tilda y se acepta que pueda ser o desaparecido o asesinado, lo que ya está marcando un punto muy grave. Yo pensaría que la sociedad debería respetar todos los criterios y no debería justificar los ajusticiamientos ilegales contra una persona por ser de un grupo.


¿En qué beneficia la polarización de una sociedad a los grupos que la promueven?

Pienso, con la experiencia, que en lo que los beneficia es en seguir promocionando que esas ideas son adecuadas. Y los beneficia en el sentido de seguir excluyendo y discriminando grupos de la sociedad. Y justificando comportamientos que son injustificables.


En 2012, el FMLN ofreció aportar su experiencia al proceso de paz en la nación suramericana y en 2015 la embajada de Chile en El Salvador estableció el Grupo de Amigos por la Paz de Colombia, integrado por algunos de los firmantes de la Paz en El Salvador. Pero El Salvador actual no es lo que prometía cuando la guerra terminó. ¿En Colombia la paz será sinónimo de más justicia?

Teóricamente, la paz debería traer más justicia. Pero yo pienso que si es una paz simplemente maquillada y en la que se trata proteger a uno de los grupos en particular y se desconoce a las víctimas, pienso que esa paz no va a ser duradera y no va a llevar a la justicia. Cuando tú creas los procesos de paz con preferencias, con privilegios, con desconocimiento de algún sector, no va a haber paz. Empezando por allí, pero indiscutiblemente, justicia tampoco. Y creo que los ejemplos son claros, no solo como en El Salvador sino en otros países, en donde lo que se ha jugado es la estabilidad misma del Estado.


¿Cree que en Colombia la población confía en su versión de la historia, que la obligaron a renunciar tras tomar la decisión de acusar al coronel Plazas Vega? En notas de prensa aparecen personajes que la acusan a usted de inventar testimonios.

Yo no sé si la mayor parte de los colombianos está de acuerdo conmigo. Toda la política mediática de algunos, no de todos los medios, y de algunos periodistas en Colombia es tratar de seguir generando esa forma de acabarlo a uno moral y profesionalmente, ante la realidad de la investigación y la realidad de los hechos. La misma Corte Suprema de Justicia certifica que los testigos fueron legalmente oídos, ordenados dentro del proceso. Yo ya tengo todos los procesos en mi contra (acusaciones por supuestamente haber inventado testigos) archivados y tengo la solicitud en preclusión (la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal) de investigación porque esto se lo inventaron ellos, precisamente, para deslegitimar la investigación.


Desde afuera, las figuras de Álvaro Uribe (último expresidente de Colombia) y Juan Manuel Santos (actual mandatario) parecen irreconciliables, al atacarse mutuamente en muchos temas, algo que se mira en las constantes descalificaciones que el primero ha hecho al proceso de paz capitaneado por el segundo. Sin embargo ambos han coincidido en atacar casos como el del Palacio de Justicia. ¿Cómo interpreta esto?

Es muy fácil, es entendible porque él (Santos) fue su ministro de Defensa (de Uribe). Y en ese momento tanto a la primera sentencia como a la segunda sentencia ellos se opusieron, pues usted sabrá que el expresidente Uribe es muy amigo de Luis Alfonso Plazas y de otras personas que están vinculadas con el tema del Palacio de Justicia. Allí sigue la función del amiguismo, de la élite y de los claros círculos que efectivamente están allí. Pues tanto el expresidente Uribe como el presidente Santos atacaron directamente al juez y al tribunal cuando salió la decisión. Incluso cuando el tribunal pidió que se dieran las disculpas correspondientes, el presidente salió a decir que a quien tenían que pedirle disculpas (el tribunal) era al Ejército Nacional de Colombia. Esas cosas quedan también en el imaginario, lo que pasa es que la sociedad olvida muy rápido. Pero que un presidente cuando un juez salga a decir “la decisión es esta” y diga todo lo contrario, me parece que no solamente demuestra que desconoce las ramas del poder sino que también genera un golpe muy fuerte a través del poder que tiene un presidente de la República.


¿Piensa que en la investigación que ha realizado en México como parte de la CIDH ha tenido facilidades con las que no se cuenta cuando un fiscal trabaja en su propio país? ¿Es más fácil investigar para un ente internacional o existen obstáculos?

Eso siempre lo vas a ver en dos sentidos: los obstáculos pueden ser de la misma investigación por la complejidad, obstáculos creados por determinados elementos de la ciudadanía, de la misma institución o, también, del sector oficial. Otro obstáculo que puede haber es la imposibilidad de acceder a medios de pruebas. Los obstáculos siempre se van a encontrar en una operación de esta naturaleza, pero además nosotros hemos tenido algunos puntos donde hemos tratado de romper esos obstáculos. En esta segunda etapa hemos contado con el apoyo de la procuradora general de la República, y en particular del subsecretario Roberto Campa, que nos ha ayudado a tratar de seguir en el camino, y de la Policía Federal que nos ha apoyado en este momento. Entonces digamos que allí tenemos una segunda etapa en la que yo veo con mayor amplitud la institucionalidad. A pesar de que encontramos algunos puntos en donde no podemos acceder a cierta información, seguimos insistiendo y vamos a seguir.


Dentro de esa “cierta información” a la que no pueden acceder se cuenta la imposibilidad de someter a interrogatorios a los militares del Batallón 27 de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entidades influyentes a escala mundial como el New York Times (en uno de sus más recientes editoriales) y WOLA han urgido al presidente Enrique Peña Nieto para que le dé a la colombiana y compañía todas las facilidades. Sin embargo algunos personajes en México, como el secretario de la Comisión del Caso Iguala, Arturo Álvarez, han reprochado la presencia de Buitrago en el grupo, acusándola de falsear testigos en Colombia.


En una entrevista para El País dijo que el crimen de Iguala no va a quedar en la impunidad por la presión de la sociedad mexicana. ¿Tiene confianza de que sea así, que el trabajo del grupo tenga efectos judiciales? En América Latina hay precedentes en donde investigaciones de entes internacionales han sido desestimadas. Como en El Salvador, con el informe de la Comisión de la Verdad.

Ya te puedo decir que los tiene (efectos judiciales), incluso se ordenó anexarlo al expediente, el informe que nosotros realizamos ya es parte del expediente judicial. Pero también veo la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de que el caso no quede impune. El grupo se ha consolidado fuertemente en el sentido de que trabaja de la mano con esta institución, y en este momento estamos mirando todas las líneas de investigación que se sugirieron. Pienso que allí también hay un tema de escucha judicial, e incluso si tú miras, siendo un informe tan fuerte, tan categórico en términos de investigación y de estándares, el mismo presidente de la República es el que pide que nos quedemos seis meses más. A pesar de todas las demoras en el tema, se ratifica la prórroga. Tanto a petición de las víctimas, que son las que han pedido la medida cautelar y han estado siempre convencidas de que el grupo puede ayudar y está ayudando, como del Gobierno mexicano.


¿Cómo va la investigación de los hechos de Iguala?, ¿hay nuevos hallazgos?

Nosotros volvimos a empezar a trabajar en noviembre. Septiembre y octubre, aunque trabajamos, estábamos esperando el tema de una prórroga al mandato de manera oficial. Nosotros trabajamos en México esos meses, pero los hallazgos y los elementos nuevos serán entregados por el grupo de manera pública en el momento en que consideremos que se deben entregar. En este momento no es pertinente porque se están haciendo una serie de labores bien importantes que consideramos que pueden llevar a un buen resultado, y sobre esos elementos vamos a mantener reservas mientras no acabemos los puntos o logremos un resultado en particular. Seguimos buscando a los muchachos vivos, también seguimos generando un análisis sistemático de los elementos que hay en el expediente. Se han tenido diligencias casi todos los días.


Las anteriores acusaciones en su contra de falsear testigos terminaron archivadas. Sin embargo el coronel Plazas Vega anunció que la volverá a acusar ahora que fue sobreseído. ¿En qué se sostiene la acusación? Está teniendo repercusión hasta en su trabajo en México, pues medios de ese país han retomado la noticia.

Lo único que puedo decir es que el señor si cree que tiene que denunciar, pues que denuncie. Pero ese es un elemento que ya está con solicitud de preclusión en la Corte, hecho que él ya sabe, porque la Fiscalía elevó nuevamente a la Corte Suprema de Justicia solicitud de preclusión por no encontrar ningún elemento que permita decir que hubo suplantación, falsificación o adulteración de esos medios probatorios. Incluso si tú lees la sentencia de la Corte, lo dice categóricamente: “Medios que se evaluaron por la Corte, los legalmente producidos y aportados al proceso”. Entre esos, la declaración de Édgar Villamizar.

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