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No es secreto que las instituciones de Seguridad Pública necesitan más recursos para poder cumplir con sus tareas.
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El argumento más repetido para justificar el poco avance de proyectos es la falta de recursos. No hay dinero. Este problema se ha profundizado en la actual crisis fiscal. El país entero se puede paralizar si el dinero se sigue utilizando de la manera en la que se ha hecho hasta ahora. Lo criticable es que pese a que el Gobierno ha reconocido que esta situación es preocupante, todavía no ha sido capaz de aprovechar al máximo lo que ya tiene en manos. Este es el caso de las propiedades que pasan de los delincuentes al Estado, un Estado en permanente necesidad económica.

El periodista Moisés Alvarado hace un recorrido por estas propiedades, como la finca Santa Rita, en Santa Tecla, que tras un largo proceso ahora está a disposición de las autoridades para su respectivo aprovechamiento. No es secreto que las instituciones de Seguridad Pública necesitan más recursos para poder cumplir con sus tareas. Y esto justo es la necesidad que pretende subsanar la Ley de Extinción de Dominio. La idea es que todo eso hecho de una manera ilegal acabe siendo utilizado para la lucha en contra de la delincuencia y la corrupción.

A la puesta en práctica de esta intención se le ha atravesado un plazo demasiado largo de ejecución. En el mismo ejemplo de la finca Santa Rita, esta antes tan lujosa propiedad de Jorge Ulloa Sibrián (alias “el Repollo”) se está cayendo a pedazos. Poder aprovecharla implica en estos momentos una inversión. Y lo mismo sucede con los vehículos incautados. Hay mucho en este proceso que todavía es necesario afinar de cara a lo que, si se llega a cumplir, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, ha anunciado como grandes golpes a la corrupción.

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