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Pocos trabajan, se divierten, estudian, comen, practican deporte, compran verduras o duermen en lugares en donde no se luzca en la entrada una persona con un arma.
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Las crisis económicas no vienen de la falta de recursos, dicen los expertos. Llegan siempre de la mano de la mala administración de los recursos existentes. De la mala planificación y de la falta de una visión a largo plazo. La respuesta no siempre está en tener mucho, sino que en saber en dónde y cómo colocar lo que se tiene. Pues, a muy grandes rasgos, esto es lo que sucede también con la seguridad del país.

Que no se puede tener un agente de la Policía en cada esquina del país, argumentan las autoridades. Sin embargo, hay una persona armada en cada puerta. Pocos trabajan, se divierten, estudian, comen, practican deporte, compran verduras o duermen en lugares en donde no se luzca en la entrada una persona con un arma. El mismo Estado mantiene los servicios de vigilantes privados en cada una de sus instituciones, un servicio que se traduce en la erogación de $135 millones en 10 años.

Entonces sí hay. Sí hay una especie de agente en cada esquina. Solo que en desgobierno, cada uno cuida una pieza, en lugar de cuidar todo el rompecabezas. El llamado a dar cuenta por la seguridad pública es el Estado. Pero el Estado mismo ha caído en una espiral de decisiones cuestionables que ahora obligan hasta a las pupuserías a pagar vigilancia privada para que tanto comerciantes como clientes se sientan seguros. Una seguridad tan falsa como lo puede llegar a ser la amistad comprada.

¿Quién entrena a los vigilantes privados? ¿Quién garantiza que esas personas a las que se les entregan armas en lugares públicos gozan de equilibrio emocional? ¿Quién vela porque descansen lo suficiente o ganen lo suficiente como para no ser fáciles de tentar? Y peor aún, ¿quién gana con el desmedido crecimiento del negocio de la vigilancia privada?

Estas son algunas de las preguntas con las que la periodista Jessica Ávalos arrancó una investigación con la que queda clavada la certeza de que la crisis en seguridad pública se la debemos más a la falta de planificación y a la total ausencia de una adecuada administración.

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