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Hacer que las instituciones cumplan con el objetivo para el cual fueron creadas no es tan fácil en un país acostumbrado a la trampa.
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La necesidad de fortalecer la institucionalidad se apunta cada tanto en los discursos políticos. Para que llegue a la práctica, sin embargo, el camino se antoja todavía demasiado largo. Hacer que las instituciones cumplan con el objetivo para el cual fueron creadas no es tan fácil en un país acostumbrado a la trampa y al camino corto, a la ley del más “vivo”. El reportaje que la periodista Jimena Aguilar ha trabajado para esta edición sirve para echar luz sobre el trabajo de una de las instituciones llamadas a ser de las más importantes para el buen funcionamiento de los gobiernos, pero que desde hace demasiado tiempo se mantiene en la oscuridad: la Corte de Cuentas de la República (CCR).

Una de las primeras conclusiones que saltan a la vista es que la CCR trabaja con un sensible atraso. Desde acá, todo se complica. Aparte de los manejos políticos bajo los cuales se ha sometido a esta institución, está el hecho de que no cumple ni sus propios plazos. No se trata aquí de la calidad de lo que produce, se trata de algo tan básico como los plazos que le otorga la ley para que realice las funciones que la misma ley le atribuye. Y ni para esto alcanza.

El mensaje que el ente contralor envía al resto de instituciones es desalentador. Sin un pilar fuerte que vigile el uso de los dineros públicos y prevenga su abuso, ¿cómo se va a poder instalar un aparato estatal en el que se aprecie y se cuide la transparencia?

Los avances en contra de la corrupción que se han registrado en tiempos recientes no vienen abanderados por la Corte de Cuentas de la República, sino que por otras instituciones que se le han adelantado en la carrera por hacer un poco más estrecha esa puerta hacia el abuso, el mal uso, la ineficiencia o la apropiación indebida de lo público. La Corte de Cuentas solo apunta otro atraso.

Tags:

  • carta editorial
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