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Los países del Triángulo Norte no pueden hablar de desarrollo ni de mejorar la calidad de vida de los habitantes si antes no se reduce la impunidad.
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¿De qué sirve la defensa de la soberanía cuando no se ha sido capaz de realizar las acciones necesarias para detener los delitos? Guatemala ha logrado hasta hoy adelantarse a pasos agigantados a sus vecinos en el combate a la corrupción. Y lo ha hecho empujado por el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Entrevistado hace un año, el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, adelantaba la necesidad de crear una institución que facilitara las investigaciones de los delitos que involucran a los países del Triángulo Norte. Entre los principales están la trata de personas y el narcotráfico.

Las fronteras entre Guatemala, Honduras y El Salvador son porosas. Y los intentos por separado de fortalecer el combate a los delitos que se permiten en estas zonas no han dado los resultados esperados. No han sido suficientes.

Velázquez, interrogado por el periodista Moisés Alvarado, deja claro que no se puede ayudar a quien no reconoce primero que necesita esa ayuda. Y menos a quien no se compromete con colaborar en todo lo que sea necesario para erradicar todo aquello que facilite la comisión de los delitos.

Los países del Triángulo Norte no pueden hablar de desarrollo ni de mejorar la calidad de vida de los habitantes si antes no se reduce la impunidad, si antes no se hacen las modificaciones necesarias para que cometer delitos deje de ser algo tan fácil de ejecutar. Tan fácil como comprar terrenos fronterizos y crear un punto ciego privado y cómodo para que cualquier cosa se trafique por ahí con tranquilidad y bajo las narices de las autoridades.

Ya está más que demostrado que no se puede hacer por separado. Lo que une a estos tres países es una clase de crimen que no se detiene ante fronteras. El combate a este tampoco debería hallar en estas fronteras un obstáculo.

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