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La impunidad está amarrada a los pocos recursos que se destinan a las personas que están en la calle intentando reunir las piezas suficientes para que la justicia se asiente.
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Uno de los grandes problemas de este país es la impunidad. La campaña constante acerca de cómo la gran cantidad de delitos no se corresponde con una similar de procesos y sentencias es una importante ancla en el combate a la delincuencia. Y cabe apuntar que el castigo ejemplarizante no puede ser una realidad sin que haya gente preparada y dispuesta a obtener las pruebas que conviertan en irrefutables las acusaciones.

La labor investigativa en este país no se realiza como exige la alta incidencia de violaciones a las leyes. No es necesario entrar en profundidades para descubrir causas. Basta colocar la lupa sobre la cantidad de inspectores con los que cuenta la Policía Nacional Civil. Y, después, hace falta ver los sueldos que reciben por ejecutar este trabajo que, en El Salvador que tenemos, es de alto riesgo.

Este es el panorama que la periodista Valeria Guzmán ha intentado dibujar. La forma en la que los inspectores deben afrontar las responsabilidades de su trabajo incide directamente en los resultados que se obtengan. La impunidad está amarrada a los pocos recursos que se destinan a las personas que están en la calle intentando reunir las piezas suficientes para que la justicia se asiente.

La confianza no se gana desde un discurso. La seguridad pública no se puede mejorar con estrategias que marginen a las personas que tienen que ponerse cara a cara con las consecuencias de los delitos. Una de las principales acciones para poder llevar a cabo cambios sustanciales en este campo tiene que ser la de blindar a todos los relacionados con allanar el camino de la justicia, entre ellos a los investigadores que, hoy por hoy, solo ven a la migración como salida cuando el nivel de riesgo por hacer su trabajo se vuelve insostenible.

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