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Carta editorial

Lejos de blindar y acompañar a su personal más importante y más vulnerable, el MINED dice que casi todos los docentes mienten cuando solicitan un traslado.
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Callar no hace desaparecer los problemas. Al contrario, solo les permite seguir creciendo. En un país con altos índices de violencia difícilmente se podría pensar que las instituciones educativas quedarían al margen, como una especie de santuarios. Menos en las condiciones tan denigrantes en las que se ha mantenido desde siempre a la cuestión educativa salvadoreña. Como si no fueran suficientes las instalaciones endebles, los recursos insuficientes, los presupuestos indignantes  y los salarios que no van acorde con la importancia de la labor que realizan, los docentes enfrentan problemas de seguridad al mismo tiempo que de abandono institucional.
Desde sus máximas autoridades hasta el funcionario que recibe las solicitudes de traslado, el Ministerio de Educación (MINED) ha optado por plantarse firme en la decisión de no manifestarse sobre el riesgo que corre el ejército de maestros que mantiene abiertas las instituciones escolares a pesar de todo lo que falla. Y, lejos de blindar y acompañar a su personal más importante y más vulnerable, ha salido a decir que casi todos los docentes mienten cuando argumentan amenazas a su integridad física y emocional cuando solicitan un traslado de emergencia.
Como se plantea en el reportaje de la periodista Valeria Guzmán con el que se abre esta edición, los números no le dan la razón al MINED en este comportamiento. Las autoridades sostienen que solo el 2 % de las demandas de traslado responden en verdad a amenazas de muerte o extorsiones, el resto estaría mintiendo en afán de “cambiarse a un centro escolar más cercano”, entre otras causas.

Este trabajo periodístico desvirtúa el enunciado de las autoridades con base en las mismas estadísticas de la institución. El silencio selectivo que obedece a razones como la imagen nunca declara ganadores, solo se convierte en la plataforma ideal para que los riesgos crezcan. Detener los ciclos violentos depende en enorme medida del trabajo de los docentes. Algo que el ministerio debería tener claro para colocar esfuerzos en proteger a quienes sí son parte fundamental de la solución.

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