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Las leyes estipulan que el Instituto de Medicina Legal debería contar con forenses con una especialidad académica terminada.
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Foto de archivo Nombramientos. En agosto del año pasado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió resolución contra la Corte Suprema de Justicia por contratar médicos generales y nombrarlos, sin ningún ente académico, médicos forenses.

Foto de archivo Nombramientos. En agosto del año pasado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió resolución contra la Corte Suprema de Justicia por contratar médicos generales y nombrarlos, sin ningún ente académico, médicos forenses.

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Hace más de 25 años, el final de la guerra nos agarró sin la capacidad para formar parte de un sistema ordenado. Se crearon leyes, se crearon instituciones, pero no fue posible cambiar el caos por la estructura. Hemos pasado décadas intentado encajar lo viejo con lo nuevo y solo hemos conseguido funcionar con base en parches. Así, la Policía Nacional Civil es una de las instituciones más señaladas por violaciones a los derechos humanos. Y, por otro lado, el Instituto de Medicina Legal ha estado funcionando por décadas sin que exista un sistema que lo dote de forenses con especialización académica.

La lucha contra la impunidad es un punto de honor cuando se trata de reducir las violencias y de persuadir la comisión de más delitos. Y esta lucha no se libra de manera efectiva sin la prueba científica, la misma que ha quedado varada, porque ponerla en marcha implica organización, capacitación y recursos.

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